En el año 2009 los casos de Campo Algodonero y Rosendo Radilla comparecieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que emitió una sentencia sobre ambos en diciembre de 2009, condenando al estado mexicano por violar sus derechos humanos. Estas sentencias, sin embargo, todavía no ha sido implementadas, y sin embargo, tres casos más han acudido este 2010 a la CoIDH: los casos de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, indígenas me´phaa violadas sexualmente por militares en 2002, fueron escuchados el 15 de abril y 28 de mayo respectivamente, y el de los Campesinos Ecologistas Teodoro García Cabrera y Rodolfo Montiel el 26 y 27 de agosto.
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú
Ante la necesidad de que el Estado mexicano cumpla las sentencias de la CoIDH, Amnistía Internacional emitió ayer un comunicado, que puede leerse aquí declaracion publica – oportunidad historica SCJN y que reproducimos:
Suprema Corte de Justicia de la Nación debe dar un paso histórico en la protección de los derechos humanos
Es esencial que la SCJN reconozca la obligación del Estado mexicano de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Amnistía Internacional espera que los Ministros y Ministras de la SCJN resuelvan “la consulta a trámite”, en discusión desde el 30 de agosto, con una decisión que claramente reconozca la obligación de todos los órganos del Estado mexicano de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana emitidas sobre casos mexicanos.
México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981 y reconoció como obligatoria la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contenciosos, en 1998. De igual forma, México ratificó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Este último instrumento establece en su artículo 27 que un Estado parte “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
¡Rompe el muro de la impunidad! 