Posts Tagged ‘derechos humanos de los pueblos indígenas México’

Artículos: Una montaña de injusticias.

27 julio, 2010

Artículo de Abel Barrera, director del CDHM/Tlachinollan, publicado en el periódico El Universal el pasado 24 de julio.

Región de la Costa-Montaña, Guerrero

La majestuosidad de las montañas de Guerrero, que se elevan a los 3 mil metros de altura, contrasta con la miseria que arrastra la grandeza histórica de los pueblos na savi, me´phaa, naua y nn´anncue de Guerrero. Desde estos filos agrestes, las familias ya no pueden sobrevivir con la siembra del tlacolol y la mortalidad materna es el indicador más funesto del abandono gubernamental y de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Los niños y niñas viajan como jornaleros agrícolas sobre la espalda de sus madres. Las escasas escuelas que existen en las comunidades de La Montaña forman parte de la precaria infraestructura que justifica los millones de pesos que han ido a dar a las cuentas bancarias de los caciques y de los nuevos políticos adscritos al PRD.

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Boletín: En 16 aniversario de Tlachinollan, Inés y Valentina afirman que no claudicarán su lucha por la justicia a pesar de las amenazas que sufren

24 julio, 2010

 

  • Hoy inicia foro Luchar para construir el amanecer de la justicia que organizó Tlachinollan
  • Inés y Valentina participan en panel donde relatan su testimonio y reciben expresiones de solidaridad y admiración.
  •  Este sábado concluye celebración con mesas de trabajo y presentación de 16 informe de actividades.

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

Tlapa, Guerrero, a 23 de julio del 2010.- Durante el inicio del foro Luchar para construir el amanecer de la justicia que organizó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para celebrar su 16 aniversario de creación, las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú destacaron que aún cuando se han incrementado las amenazas contra ellas y sus familiares con el fin de atemorizarlas, no cesarán la lucha que emprendieron hace ocho años en demanda de que el Estado mexicano les haga justicia y castigue a los militares que las violaron sexualmente en el año 2002.

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