ANTE GOBIERNOS Y SOCIEDAD CIVIL EN EUROPA, VALENTINA ROSENDO CANTÚ DENUNCIA IMPUNIDAD CASTRENSE

 

  • Inicia gira que incluirá reuniones de incidencia en Alemania, Francia, España e Inglaterra.
  • El incumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana al continuar las investigaciones en el fuero militar, tema central.
  • Tlachinollan comienza campaña para demandar al Presidente Felipe Calderón que los expedientes pasen del ámbito militar a la PGR.

Valentina Rosendo Cantú comienza hoy una gira de 18 días por cuatro países europeos -Alemania, Francia, España y Reino Unido, en coordinación con Amnistía Internacional, Brigadas de Paz Internacional [PBI] y Tlachinollan- dónde presentará ante la comunidad internacional el estado que guarda el cumplimiento de la sentencia notificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el mes de octubre del 2010.

Cabe recordar que los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas me’phaa violadas y torturadas por miembros de las fuerzas armadas, en distintas circunstancias, en el año 2002, en el estado de Guerrero, fueron resueltos por la CoIDH, la cual emitió dos sentencias condenatorias al Estado mexicano.

Ambas sentencias tocan puntos centrales respecto de la actual situación de los derechos humanos en México, relacionados con la falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia; la falta de acceso a servicio de salud para las mujeres indígenas, la violencia y discriminación que enfrentan las mujeres indígenas frente al sistema de administración y procuración de justicia, el incremento de los riesgos que se ciernen sobre las  organizaciones y víctimas al denunciar violaciones de derechos humanos, así como los abusos ocasionados por la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

Asimismo, uno de los elementos centrales de ambas sentencias es la orden al Estado mexicano de llevar a cabo una investigación que debe ser efectuada por la jurisdicción penal ordinaria (es decir, civil), con la debida perspectiva de género y de diversidad cultural, así como con todas las condiciones de seguridad que posibiliten una amplia participación de las víctimas. A pesar de lo anterior, a la fecha, ambas investigaciones continúan en el fuero militar, en abierto desacato a lo establecido por la propia Corte, según la cual la Jurisdicción Militar no es competente para conocer casos de violaciones de derecho humanos cometidas por miembros del Ejército.

Por lo anterior, Valentina Rosendo Cantú solicitará que la comunidad internacional demande al Presidente Felipe Calderón Hinojosa que las investigaciones que continúan en la Procuraduría de Justicia Militar sean remitidas al fuero civil y queden a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) de conformidad con lo ordenado por la CoIDH.

En este mismo contexto, a partir de su propia experiencia Valentina Rosendo Cantú presentará información sobre la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México, apuntalando con ello la necesidad de que el Estado mexicano implemente un mecanismo integral de protección, que contemple la prevención, protección e investigación para los casos de agresiones y amenazas que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el país.

Es importante reiterar que la presente gira también responde al interés que la comunidad internacional ha manifestado como consecuencia de la persistente denuncia que han llevado a cabo Inés y Valentina en torno a que la jurisdicción militar no es, no debe y no puede ser la instancia competente para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército. Un asunto de gran transcendencia para la agenda de derechos humanos en nuestro país, que el Estado Mexicano se ha negado atender.

Por ello, a partir de la gira también se iniciará una campaña junto con organizaciones nacionales e internacionales dirigida al Presidente Felipe Calderón para demandar que ordene a la Procuraduría de Justicia Militar que los expedientes de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú sean remitidos a la Procuraduría General de la República, como parte de sus obligaciones y compromisos internacionales asumidos.

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