Comunicado: Continúan amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero


  • Tras la emisión de las sentencias en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por la CoIDH integrantes de la OPIM son nuevamente amenazados.
  • El incumplimiento de las sentencias aumenta la vulnerabilidad de las víctimas y sus representantes.
  • El Estado Mexicano, incapaz de reducir los riesgos que limitan la labor de las y los defensores de derechos humanos.

Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional-Mexico; Cuauhtemoc Ramírez, dirigente de la OPIM; Abel Barrera, director del CDHM/Tlachinollan y Agniezska Raezynska, representante de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 2 de diciembre de 2010-Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Obtilia Eugenio Manuel, dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), recibieron nuevas amenazas por su defensa de las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú el pasado domingo 28 de noviembre.

El texto de la amenaza fue deslizado en un papel por debajo de la puerta de la entrada principal de su casa y se centra en la labor que ambos realizan en la  OPIM, con base en Ayutla de los Libres, Costa Chica de Guerrero.  Así  mismo,  amenaza de muerte a otros defensores de derechos humanos de la OPIM, y señala que “dejen de estar chingado por las sentencias de Inés y Valentina”.

 

Estas palabras, anónimas, hacen referencia explícita a las solicitudes que la OPIM ha efectuado para que el Estado mexicano cumpla cabalmente las sentencias dictadas por la Corte interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) los días 30 y 31 de agosto de este año respecto a los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, torturadas y violadas sexualmente por soldados del Ejército mexicano en 2002.

 

Las amenazas en contra de la OPIM han sido un obstáculo constante a la labor de la organización en el estado de Guerrero. La gravedad de la situación justificó que en abril de 2009, la CoIDH ordenara al Estado Mexicano la adopción de medidas provisionales para 107 defensores y defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero y que posteriormente también otorgara medidas provisionales a favor de Valentina Rosendo y familia. El negligente cumplimiento del Estado a estas medidas, sin embargo, se ha traducido en que los riesgos no decrezcan.

Cuahtemoc y Obtilia, así como otros miembros de la OPIM, han sufrido amenazas reiteradas en los últimos años, motivo por el cual tuvieron de salir del estado de Guerrero. Una de ellas fue el  pasado 6 de marzo de 2010, cuando Obtilia recibió una carta anónima en las oficinas de la OPIM. “Optilia, Calmate hijo de su chingada madre ya no ande denunciando en contra del gobierno… no creas que tu eres fierro como quiera atraviezan las balas” Once días después, su hermana Andrea, quien como Obtilia había fungido como traductora de Inés Fernández,  también fue amenazada.

Estas amenazas motivaron una Acción Urgente de Amnistía Internacional y más de 170 de cartas de Suiza, Canadá, Alemania, Brasil, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Japón, Italia,  Uruguay, España, Centroamérica, Dinamarca, Islandia, Australia, Suecia y México fueron enviadas al Secretario de Gobernación, Fernándo Gómez Mont, al gobernador del estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca y a Alberto Guindo Sierra, encargado de la Procuraduría de Justicia del Estado Guerrero, con copia a las embajadas en México de algunos países y al CDHM/ Tlachinollan.

Algunas de las principales organizaciones que firmaron estas peticiones son el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM), la ONG francesa El Observatorio, InterReligious Task Force on Central America, Ciudadanos de Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), el Centro Agustín Prodh Juárez,  el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., con sede en Tlaxcala  y Amnistía Internacional-Sección Francia.


Las nuevas amenazas se dan a los pocos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. En esa medida, las recientes amenazas se sitúan en un contexto específico, marcado por la dilación en el inicio del cumplimiento de las sentencias. La falta de diligencia y seriedad en el acatamiento de las sentencia es, sin duda, un factor que abona al riesgo que enfrentan las personas vinculadas a ambos casos.

 

Lamentablemente, las amenazas contra la OPIM no son un hecho aislado. Actualmente, las y los defensores de derechos humanos de diversas regiones en México enfrentan riesgos por el trabajo que realizan. Frente a esta realidad, el Estado mexicano no ha implementado adecuadamente ni en forma efectiva las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de las defensoras y defensores, y no ha sido diligente respecto del deber de investigar los hechos que patentizan esos riesgos.

 

Hoy, en materia de defensores y defensoras de derechos humanos, el Estado mexicano no es garante del cumplimiento de las medidas de protección emitidas por organismos internacionales. El desinterés en la cabal implementación de estas medidas, ha minado la credibilidad y la confianza necesarias para el avance de un proceso de esta naturaleza, por lo que es claro que el Estado mexicano no ha tomado con seriedad la necesidad de garantizar un mecanismo integral de protección a las y los defensores y defensoras de derechos humanos.

 

Por lo anterior, las organizaciones firmantes demandamos al Estado Mexicano que:

 

–          Implemente urgentemente las medidas de protección pendientes.

–          Instale a la brevedad espacios de trabajo para la creación de un mecanismo que prevenga, proteja e investigue las agresiones y amenazas que se puedan cometer en contra de las y los defensores de derechos humanos.

–          Se instalen a la brevedad y formalmente los trabajos tendentes al cumplimiento de las resoluciones de la CoIDH, conforme a los parámetros establecidos por este Tribunal.

 

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