Notas en medios: Demanda Inés Fernández a diputados federales que vigilen sentencia de la Coidh

Ayer 19 de octubre 2010 la indígena me´phaa Inés Fernández de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) exigió en conferencia de prensa el cumplimiento integró de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió el mes pasado señalando que es necesario que se haga justicia. Inés estuvo respaldada por diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y por miembros de la OPIM, entre los que se encontraba Raúl Hernández, ex preso de conciencia, que por primera vez desde su liberación el 27 de agosto de 2010 se presentó en público. A continuación reproducimos una nota publicada en La Jornada Guerrero:

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan; Teresa Incháustegui Romero y Alejandro Encinas, diputados del PRD; Inés Fernández Ortega, Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la OPIM, Filemón Navarro, diputado del PRD y Raúl Hernández Abundio, ex preso de conciencia.

Ciudad de México, 19 de octubre. Cargando a su hijo, la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega entró al edificio sede de la Cámara de Diputados, y ante el coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas Rodríguez, y la diputada del Partido del Trabajo (PT), Terelupe Reyes, pidió a los legisladores que vigilen que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sea cumplida. Respaldó su demanda Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

Por su parte, Encinas Rodríguez dijo que junto legisladores de otras fracciones promoverá a que la decisión de la Coidh sea acatado por la justicia mexicana, pues se asentaría un precedente histórico.

Junto a Alejando Encinas, Inés Fernández Ortega, en su idioma, era auxiliada por Obtilia Eugenio, quien también servía de intérprete a Raúl Hernández, quien estuvo preso por delitos fabricados. Fernández Ortega denunció que a la fecha los militares siguen en Ayutla sembrando el terror y la zozobra entre la población, lo que quiere la gente en esa región son escuelas, centros de salud, esas son las razones por las que la gente se organiza, no hay otra razón, pero mientras no haya justicia seguiremos luchando, dijo ante diputados.

“Yo exijo que se haga justicia y castigo a los responsables”, dijo Inés Fernández Ortega, en nla salada de conferencias anexo a la sala de prensa de la Cámara de Diputados.

En su oportunidad, Obtilia Eugenio Manuel, expresó que la lucha seguirá en tanto no sean cumplidas las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las indígenas violadas por soldados y de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en un retén militar en 1974, entre otros.

Denunció que las violaciones a los derechos humanos no han cesado, pues las persecuciones y las amenazas siguen vigentes contra luchadores sociales que han tenido que mantenerse alejados de sus comunidades para evitar a ser encarcelados.

Por la tarde, Rosendo Cantú y Fernández Ortega se reunieron con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora,pidieron a las autoridades dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

Reforma insuficiente: AI

Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) lamentó que la iniciativa de reforma legislativa sea insuficiente. La iniciativa presentada al Senado ayer por el Ejecutivo sólo contempla la exclusión de algunas violaciones de derechos humanos de la justicia militar y no cambia la forma en que las alegaciones de abusos se investigan.

La organización instó a los legisladores a alcanzar consenso en una modificación que reúna los elementos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sólo así el Congreso demostrará su compromiso para garantizar que no exista más impunidad en casos de abusos graves a los derechos y México cumplirá sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El texto actual de la iniciativa propone remitir a la justicia civil a aquellos militares acusados solamente de la comisión de tres delitos: desaparición forzada, tortura y violación. En realidad, esta iniciativa parece preservar la justicia militar para todos los demás abusos de derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, detención arbitraria e incluso el genocidio y otros delitos de lesa humanidad. Además, cuestiones acerca de complicidad en abusos cometidos por otros o la desviación de la investigación penal podrían seguir siendo atendidos por la jurisdicción militar, dijo la organización en un comunicado.

“Es de igual preocupación el papel asignado al ministerio público militar para la determinación del delito en la investigación inicial para ser remitido a la justicia civil en caso de que se configuren los elementos del tipo penal. En efecto, este mecanismo puede actuar como un candado que permita bloquear la actuación de la justicia civil, incluso en los mismos delitos que quedan excluidos de la justicia militar mediante esta iniciativa”.

 

 

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