Artículos de opinión: Tiempo de derechos humanos

Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional, escribe un artículo de opinión en el periódico El Universal con motivo de la acotación del fuero militar y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos….

Inés Fernández Ortega

Hace algunos días me preguntaron en un programa de televisión colombiano si el argumento de que las fuerzas armadas mexicanas se encontraran en situación de vulnerabilidad en su lucha contra el crimen organizado era un argumento válido para justificar que las y los efectivos castrenses que cometan abusos contra civiles sean juzgados por su propio sistema de justicia. Mi respuesta fue clara: de ninguna manera.

Expliqué entonces que me parecía delicado que a estas alturas, después de decenas de tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por México y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que han sido explícitas al respecto, se ponga en duda la necesidad de reconocer legislativamente que la jurisdicción militar sólo debe aplicar para militares y para faltas relativas a la disciplina militar y nunca para abusos cometidos contra civiles.

 

No es este el momento de poner en cuestión los derechos humanos. Las principales batallas de nuestro país deben tener como centro la dignidad humana, y justo para garantizarla debemos desterrar todo tipo de prácticas que alienten el uso irresponsable del poder y la impunidad que lo cobija.

 

Es preciso recordarlo: el presidente Calderón se comprometió, en voz del ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, a llevar una propuesta de reforma al Código de Justicia Militar al Senado en el mes de septiembre de este año, justo para cumplir con la sentencia del caso Radilla de la CoIDH.

 

Estando ya en el mes de octubre, son varias las preguntas que surgen respecto de la forma en que dicha iniciativa será llevada al Congreso, discutida y, eventualmente, aprobada. ¿A través de qué mecanismos se escuchará la perspectiva de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que desde hace varios años hemos urgido a concretar esta reforma? La iniciativa en cuestión, ¿reconocerá —como es debido— que cualquier delito cometido por personal castrense contra civiles debe ser investigado y sancionado por el sistema civil de justicia o se reducirá este reconocimiento a unos cuantos delitos? Considerando que esta reforma es un medio de reparación del daño ordenado por la CoIDH, ¿de qué forma se vinculará a la familia de Rosendo Radilla y a sus defensores a este proceso?

 

Hace algunos días, la subsecretaria del gobierno de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, declaró que el cumplimiento diligente de las sentencias de la CoIDH sería un indicador fundamental para evaluar el cumplimiento el gobierno mexicano de sus obligaciones en materia de derechos humanos frente a la llamada guerra contra el crimen organizado. Más allá de la paradoja que significa que esta aseveración provenga de funcionarios de un país que no ha siquiera ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que da vida a la CoIDH), es de celebrase que dichos instrumentos estén cobrando vida en nuestro país.

 

Son ya cuatro las sentencias de la CoIDH que México tiene pendiente cumplir y todas ellas con la falta de acceso a la justicia como común denominador: Campo Algodonero (sobre asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez), Rosendo Radilla (sobre desaparición forzada por parte de integrantes de las fuerzas armadas), Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (ambos casos sobre la violación de estas mujeres indígenas tlapanecas por parte de integrantes del Ejército mexicano).

 

Las fuerzas armadas deben ver en estas sentencias una oportunidad. Nada ayudará mejor a reforzar su credibilidad que someter a todos sus integrantes a escrupulosos sistemas de rendición de cuentas. La impunidad no es buena receta para nadie: ni para la víctima, ni para el sistema de procuración de justicia, ni para el juez, ni para la instancia que alberga al victimario.

 

Sin duda, estas sentencias representan un reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de condiciones para acceder a la justicia en nuestro país. Pero también son instrumentos fundamentales para avanzar en la construcción de condiciones legales y políticas cuyo centro de gravedad sea la dignidad humana. Justo por ello, es la sociedad mexicana en su conjunto la que deberá permanecer alerta del cumplimiento puntual de estas sentencias y alzar la voz ante incumplimientos o cumplimientos simulados.

 

Volviendo a la entrevista del canal de televisión colombiano, agregaría que no sólo no es momento éste de poner en entredicho los derechos humanos, sino que es tiempo de reafirmar la validez y legitimidad de sus sistemas internacionales de protección.

 

“Increíble que hayan tenido que pasar ocho años para que Inés y Valentina encontraran justicia”, me dijo uno de los periodistas. “36 son los años que la familia de Rosendo Radilla ha esperado para encontrar una justicia que aún no llega del todo”, respondí.

 

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Una respuesta to “Artículos de opinión: Tiempo de derechos humanos”

  1. RUben Hernandez Says:

    Muy bien hecho hay que continuar con esta lucha. Sigan adelante.

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