Opinión: Compatibles, seguridad y DH por Cecile Lachenal..

En artículo de opinión publicado en el periódico El Universal, Cecile Lachenal, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, aborda el tema de la necesaria reforma al fuero militar para paliar la impunidad que rodea a los soldados cuando violan los  derechos humanos, como sucedió durante más de ocho años en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo… 

Compatibles, seguridad y DH

La violencia que se vive actualmente en la sociedad mexicana es a la vez causa y efecto de una crisis de múltiples dimensiones (tanto política e institucional, como social y económica) y tiene consecuencias profundas sobre nuestra vida, e incluso nos cuestiona nuestra identidad. La degradación de la convivencia social a la que hemos llegado nos obliga a detenernos un momento para pensar y reflexionar sobre las orientaciones actuales de la política de seguridad pública y lo que queremos para nuestro país. ¿Qué debemos hacer para que México retome el camino del desarrollo económico y de la paz social? Los esfuerzos se deben enfocar en revertir la violencia, ya que el ejercicio de muchos derechos se han visto imposibilitados por esta situación.

 Violencia y políticas de seguridad

 El Estado no detendrá la escalada de violencia en la que hoy vivimos sin reorientar, en profundidad y de manera unívoca, las políticas actuales de seguridad pública. La necesidad de proteger los derechos humanos debe ser una prioridad y no debe permitir excepción alguna en el gobierno. Más aun cuando el Estado tiene que recurrir a fuerzas especiales, como los militares, para ejecutar las actividades de seguridad pública. No es tolerable la muerte de más de 20 mil personas por la crisis de inseguridad.

La violencia pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población en general y afecta muchas libertades de la ciudadanía como su capacidad de expresarse abiertamente, de circular libremente y participar políticamente en la sociedad. En tal contexto, el Estado se ve obligado a reforzar el estado de derecho y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en lugar de ignorar sus necesidades con el pretexto de restablecer la seguridad.

Bajo esta perspectiva, es urgente reformar el código de justicia militar que reserva a la jurisdicción castrense los procedimientos para conocer de los abusos que cometen los miembros de las fuerzas armadas en contra de los derechos humanos de civiles. La falta de condena a soldados (según Human Rights Watch, sólo un soldado ha sido condenado durante el gobierno de Felipe Calderón, a pesar del aumento exponencial de las quejas en contra de elementos militares por violaciones a los derechos humanos) no permite una rendición de cuentas adecuada e ilustra perfectamente la carencia de independencia e imparcialidad del fuero militar, lo cual contribuye a la permanencia del círculo vicioso de la impunidad.

México ha sido condenado en dos ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a poner su legislación de conformidad con los estándares internacionales en materia de fuero militar: en 2009, en el caso Rosendo Radilla, y recientemente, el 2 de octubre de 2010, en el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Por todas estas razones es imprescindible que el Secretario de Gobernación cumpla con su compromiso de reformar el código de justicia castrense para desaparecer el fuero militar y habilitar los juzgados civiles para procesar las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército en contra de civiles.

Violencia y derechos humanos

Contrario al dicho popular, la violencia no es ciega y existen grupos de población más expuestos a las amenazas y agresiones. En particular es necesario proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, porque su labor de información y denuncia los pone en la mira de los grupos violentos. Al respecto, urge que el gobierno establezca los mecanismos idóneos para su protección a través de la implementación efectiva de las medidas cautelares de las cuales muchos son objeto, así como de un mecanismo de alerta temprana para prevenir la violencia.

Pero no hay que olvidar a los núcleos de la población que se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad por ser víctimas históricas e invisibilizadas de discriminación, como las mujeres y los indígenas. Para este sector de la población, el goce de los derechos humanos se parece cada vez más a un sueño inaccesible. Por ejemplo, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, no sólo han sido abusadas sexualmente por militares sino que además se les ha violado su derecho a la salud, ya que no tuvieron acceso a los bienes, servicios y condiciones necesarias para atender su situación. Es entonces importante que la atención integral y el acceso efectivo a los servicios sanitarios de toda la población se otorguen sin discriminación de ninguna índole. La provisión de estos bienes y servicios de salud por parte del Estado debe regirse bajo los principios de calidad, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad cultural.

Es solamente protegiendo y garantizando los derechos humanos de las y los mexicanos que el Estado garantiza que la sociedad civil pueda jugar un papel activo en el control de las acciones de seguridad pública y en la construcción de una sociedad democrática.

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