Artículo opinión: Dos sentencias más contra el Ejército. Abel Barrera.

Después de las dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, queda en evidencia un sistema de justicia colapsado y que el fuero militar debe ser acotado. De esto nos habla Abel Barrera, director del CDHM/Tlachinollan, en el artículo que se publicó hoy en el periódico El Universal. A continuación, lo reproducimos: 

Abel Barrera, Valentina Rosendo y Emilio Álvarez Icaza.

Dos sentencias más contra el Ejército:

Cuando Valentina Rosendo Cantú tuvo conocimiento de las sentencias de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) emitidas contra el Estado  Mexicano, por las violaciones sexuales de las que fueron víctimas tanto ella como Inés Fernández Ortega, exclamó: “hasta que sentí correr la sangre por mi cuerpo. Ahora sí puedo decir que vivo, porque mi palabra fue escuchada en la Corte. Solo quiero que los guachos me dejen en paz y que el gobierno cumpla”.

Valentina fue violada por militares, cuando tenía 17 años de edad y aún amamantaba a su hija Yenis de 3 meses. En lo más recóndito de la Montaña de Guerrero, entre Acatepec y Ayutla de los Libres, Valentina lavaba su ropa en el riachuelo cercano a Barranca Bejuco. Hasta ahí llegaron 8 soldados del 41 batallón de infantería, quienes la encañonaron y la increparon “¿Quiénes son los encapuchados de este pueblo?”, Valentina, invadida por el miedo permaneció callada. Los guachos le enseñaron una fotografía y le exigieron que dijera quién era esa persona. Enseguida le leyeron los nombres de 11 indígenas de Barranca Bejuco. Se trataba de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), señalados como sospechosos, por andar con los encapuchados. Valentina fue derribada con un culatazo, perdió el conocimiento, sólo le recuerda que la jalaban del pelo y la arrastraban entre las piedras y el agua. La sometieron para que dos soldados la violaran.

Veintinueve días después de esta violación, el 22 de marzo de 2002, Inés Fernández Ortega, también fue violada en la cocina de su casa de Barranca Tecuani por militares. Como ya es común en la región; allanaron su vivienda, robaron la carne de res que tenían tendida en el patio y llegaron hasta donde estaba Inés con sus cuatro hijos para espetarle que su esposo robaba ganado y que iban por él. Nuevamente el silencio y el miedo  de Inés fueron los mejores aliados de los guachos  para violarla en presencia de Noemí, su hija mayor.

Estos dos hechos aberrantes nunca fueron investigados por las autoridades civiles, por el contrario,  turnaron los expedientes al ejército, para que hicieran de las suyas y se encargaran de hacerles la vida imposible. Durante ocho años, Inés y Valentina han experimentado no solo el desprecio y los tratos discriminatorios de las autoridades civiles, sino el terror del Estado que se empeñó en silenciarlas para siempre. Hoy viven para contarlo y para exigir justicia.

Las sentencia de la Corte le da valor pleno a los testimonios de Inés y Valentina, y con gran rigor señala la violencia institucional castrense implementada por el Estado, que en lugar de proteger a las víctimas se  ensañan contra ellas. Por eso la Corte determinó que la violación sexual constituye tortura, por la intencionalidad, la severidad de los padecimientos y la existencia de un fin. En las violaciones sexuales, los militares causaron el mayor daño posible a las víctimas, como una forma de castigo ante el requerimiento de una información confidencial ligada con una estrategia contrainsurgente, implementada desde la masacre de El Charco.

La Corte reitera  a las autoridades mexicanas, como ya lo hizo en el caso de Rosendo Radilla, que en un estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional, y en situaciones donde se vulnera los derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia debe operar la jurisdicción militar. Además afirma con contundencia que “la violación sexual de una persona por parte de personal militar no guarda, en ninguna caso, relación con la disciplina o la misión castrense”. Concluye que en México el fuero militar actúa “como una regla y no como una excepción”.

Con los casos de Inés y Valentina queda demostrada la obsolescencia y colapsamiento de un sistema de justicia que alienta la impunidad y castiga a las víctimas. En México, las mujeres corren mayor riesgo cuando se atreven a denunciar la violencia sexual. No solo  les niega el derecho para  acceder a la justicia, sino que se les persigue y hasta se busca privarlas de la vida. Las autoridades federales siguen empeñadas en proteger a los militares para sostener con las armas un sistema de gobierno que no tiene la fuerza ni la voluntad para hacer valer a la ley.                             

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