Artículos: Una montaña de injusticias.

Artículo de Abel Barrera, director del CDHM/Tlachinollan, publicado en el periódico El Universal el pasado 24 de julio.

Región de la Costa-Montaña, Guerrero

La majestuosidad de las montañas de Guerrero, que se elevan a los 3 mil metros de altura, contrasta con la miseria que arrastra la grandeza histórica de los pueblos na savi, me´phaa, naua y nn´anncue de Guerrero. Desde estos filos agrestes, las familias ya no pueden sobrevivir con la siembra del tlacolol y la mortalidad materna es el indicador más funesto del abandono gubernamental y de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Los niños y niñas viajan como jornaleros agrícolas sobre la espalda de sus madres. Las escasas escuelas que existen en las comunidades de La Montaña forman parte de la precaria infraestructura que justifica los millones de pesos que han ido a dar a las cuentas bancarias de los caciques y de los nuevos políticos adscritos al PRD.

En medio de esta desolación, la artillería del Ejército está preparada para continuar la guerra contra los pobres. La estrategia contrainsurgente sigue aplicándose tanto en la Costa Chica como en la Montaña. Desde la masacre de El Charco, en 1998, los pueblos na savi y me´phaa de la región de Ayutla han sufrido un sinnúmero de agresiones, desde violaciones sexuales hasta retenciones ilegales.

En Cochoapa el Grande, el reino de la miseria, el florecimiento de la amapola ha generado nuevas formas de esclavitud que eleva los índices de muertes violentas y destruye el telar comunitario, que está urdido con el trabajo colectivo y con un sistema de gobierno sustentado en el servicio gratuito. En estos enclaves étnicos, la justicia del Estado está ausente y se le conoce en las poblaciones mestizas como el negocio más próspero que beneficia a policías y ministerios públicos. Para pedir justicia hay que bajar de la Montaña por caminos intransitables para recibir tratos discriminatorios de los funcionarios públicos.

Como Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, nos hemos enfrentado, de manera cotidiana desde hace 16 años, a esta montaña de injusticias. Desde el cuarto de un hotel de la ciudad de Tlapa, asumimos el compromiso de acompañar a la población pobre, que arriesga todo para acariciar la justicia tan ausente en sus comunidades.

No se nos olvida el primer caso de tortura que atendimos, en diciembre del 1996, cuando el maestro naua, Abad Zeferino Domínguez, fue sacado de su domicilio de Olinalá por soldados del Ejército, junto con su hijo, para ser torturados en la ciudad de Chilpancingo. En las sesiones de tortura, lo obligaban a que dijera quiénes pertenecían al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y quiénes transportaban las armas. Su esposa, Efigenia, intuyó que tenía que denunciar públicamente la situación de sus familiares para salvarles la vida, y lo logró.

En el 2003, abrimos otra oficina en Ayutla de los Libres para apoyar directamente los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas que fueron violadas sexualmente por el Ejército en los meses de febrero y marzo de 2002. En los dos casos, el Ministerio Público del Fuero Común declinó su competencia para turnarlos a la Procuraduría de Justicia Militar, que se encargó de proteger a los perpetradores de estos delitos. Después de ocho años en búsqueda de la justicia, estos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 15 de abril y 28 de mayo. Ahora, Inés y Valentina esperan pacientemente la sentencia que emitirá la CIDH al Estado Mexicano.

Nunca imaginamos que este afán por la justicia iba a poner en riesgo la vida de estas compañeras, la de sus familias y la de sus organizaciones. En Guerrero, los defensores y defensoras han perdido la vida, como es el caso de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron detenidos arbitrariamente por personas que dijeron ser policías el 13 de febrero de 2009, apareciendo sus cuerpos, con huellas de tortura, ocho días después.

Ante los riesgos graves e inminentes que implica trabajar en la defensa de los derechos humanos, la CIDH otorgó medidas provisionales a 107 defensores del estado de Guerrero por considerar de alto riesgo su labor.

 

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Una respuesta to “Artículos: Una montaña de injusticias.”

  1. nancy Says:

    esto es muy bueno

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