Entrevista de PBI a abogados de Inés Fernández Ortega

PBI también realizó una entrevista al director y los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, después de la Audiencia por el caso de Inés Fernández, indígena me´phaa violada sexualmente por militares en 2002, que se realizó en la Corte Interaméricana de Derechos Humanos (CoIDH) el 25 de abril.

Abogados de Tlachinollan y representantes del CEJIL, en la Audiencia de la CoIDH, Lima, Perú, 15 de abril. Fuente: PBI

Esta entrevista, reproducida a continuación, puede también descargarse en PDF pinchando este enlace: Entrevista caso Inés Fernández Ortega ante la CoIDH

Entrevista con representantes del Centro de derechos humanos de la MontañaTlachinollan Abel Barrera (director), Vidulfo Rosales, Alejandro Ramos y Santiago Aguirre (abogados) en Lima, Perú, después de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Inés Fernández.

El jueves 15 de abril del 2010 en Lima, Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública sobre la demanda contra el Estado mexicano de la indígena Meph’aa, Inés Fernández Ortega, quien alegó que sufrió tortura y violación sexual por parte de militares en el 2002. Los peticionarios argumentaron que lo vivido por Inés Fernández muestra la recurrencia en México de problemáticas como la falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia; los abusos ocasionados por la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas; y la persecución que enfrentan quienes, de manera organizada, defienden los derechos de los pueblos indígenas. El Estado reiteró su negativa a reconocer que fueron elementos de las Fuerzas Armadas quienes violaron a Inés Fernández, pese a que en la misma audiencia, reconoció el hecho que el Estado había realizado una investigación deficiente sobre los hechos. PBI acompaña a la OPIM desde el 2005 así como a Inés Fernández. Un representante de PBI México estuvo presente durante la audiencia en Perú y realizó esta entrevista con el equipo de Tlachinollan después de dicha audiencia.

PBI: Cómo estuvo la audiencia?

Vidulfo Rosales: Nos pareció importante. Es elmomento en que Inés pudo dirigirse, no de maneradirecta pero a través del video, a los jueces de la Corte para poder pedir justicia. Quedó evidenciado que la violación está debidamente probada. Los peritajes fueron muy contundentes. Pudieron mostrar por una parte todo el impacto personal que ocasionó la violación, cómo la vida de Inés quedó destruida por la violación, cómo impactó esta violación a sus familiares. También a través del peritaje antropológico se pudo evidenciar cómo la violación no estaba aislada del contexto comunitario y que tiene que ver con todo un patrón represivo. Fue lo que demostró la perita Aida Hernández: es un patrón que viene desde el 1998, a raíz de hechos violentos como la masacre del Charco y forma parte de una línea continua en el tiempo que se cristaliza en el 2002 con la violación de Inés, y que continúa con actos represivos por la denuncia que ellos han estado haciendo por la presencia militar ahí. También quedó claro la preocupación de los jueces de la Corte por el impacto que sufren Inés y sus hijas, y por el aspecto de la militarización. Hubo preguntas concretas al estado mexicano respecto al marco normativo que permite al Ejército realizar tareas de investigación y creo que el Estado no pudo responder a esta pregunta. Hay pruebas contundentes para demostrar que la violación ocurrió y que agentes del Estado lo perpetraron.

¿Cuál es la importancia de este caso ante la coyuntura actual en México?

Abel Barrera: Primero porque el tema del Ejército ha sido un tema vetado por el Estado mexicano en el sentido de que no quiere que se cuestione su actuación como un actor violador de los derechos humanos. Y desgraciadamente lo que ha sucedido con la militarización en el combate al narcotráfico, es que el Ejército es ahora el principal violador de los derechos humanos en el país como lo demuestran las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en Guerrero la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo más grave, es que no hay un control, tanto en el ámbito legal como en el ámbito institucional, a una fuerza que realmente no está acostumbrada a tratar a los ciudadanos como sujetos de derecho. Entonces es muy preocupante porque se trata de una estrategia bélica que está deteriorando la vida de los ciudadanos y al mismo tiempo ocurre dentro de un contexto donde las instituciones de procuración de justicia están colapsadas por la corrupción y la ineficacia de las investigaciones. Vemos como se desmoronan estas instituciones y quieren apuntalar el sistema político con el uso de la fuerza. Lo único que se está haciendo es que se desborde el conflicto y que la sangre se siga derramando de manera inocente entre la gente que nada tiene que ver con esta guerra.

¿Cuáles fueron los alegatos más importantes de Tlachinollan en la audiencia?

Santiago Aguirre: Para nosotros era muy importante que durante la audiencia se pudiera destacar el contexto en que ocurrieron los hechos. Por la propia naturaleza del sistema interamericano, a veces las violaciones a derechos humanos se analizan sin valorar debidamente el contexto. En el caso de Inés, es muy importante saber que la violación ocurrió en un contexto de militarización y de empleo de fuerzas de seguridad, incluyendo el Ejército, para socavar la organización indígena y campesina en Guerrero a finales de los noventa, con efectos que perduraron a la fecha. Luego, para nosotros la violación es más que probada. No había ninguna duda que nos exigiera afianzar más los hechos. Entonces lo que tratamos de dirigir fue el alegato jurídico para insistir en que la violación constituye tortura. Es un aspecto muy importante que puede analizar la Corte, que ha sido poco analizado en la jurisprudencia del sistema, y que pensamos que puede llevarse a cabo a partir de este caso. Además es lo que refleja la gravedad del daño que se causó a Inés. Otro argumento importante fue mostrar que todo la denegación de justicia y el largo camino de Inés en búsqueda de una respuesta estuvo medida con una profunda discriminación. A Inés, además que la violaron y la torturaron, la discriminaron en varias ocasiones durante el proceso. Finalmente en los alegatos tratamos de destacar algunas de la reparaciones más importantes que pueden ordenarse a partir del caso y para nosotros, como Tlachinollan, era muy importante enfatizar las reparaciones colectivas y destacar el impacto comunitario que tuvo lo que pasó en Inés como mujer indígena.

¿Cuáles fueron las reparaciones más importantes que ustedes plantearon en la audiencia?

Alejandro Ramos: [Pedimos que] la reparación fuera colectiva, que no se viera sólo para Inés sino que fuera para todo el pueblo Mepháa. Por ejemplo, al referirse a las reparaciones, las peritos hablaron de que se estableciera una casa de la mujer en la ciudad de Ayutla donde las mujeres del pueblo Mepháa puedan tener pláticas, conocer sus derechos y poder defenderlos. También la garantía a la no repetición es fundamental, principalmente porque Inés y todo el pueblo Mepháa no quiere la presencia del Ejército mexicano dentro de su territorio. Si sigue esta presencia quedarían todavía siendo vulnerables porque podría darse otra violación similar a la de Inés. Para ellos es fundamental que no se vuelvan a repetir estos hechos.

¿Cómo valoran la respuesta del Estado mexicano ante la Corte?

SA: Es lamentable que a tantos años de los hechos, con tantas pruebas y con una demanda de justicia tan insistente, el Estado siga encubriendo a los responsables y negando la existencia de la violación. Por otro lado, lo que resultó también destacable de la respuesta del Estado, es que reconocieron las irregularidades que se cometieron durante la investigación. Entonces este reconocimiento tiene el efecto de que el Estado ante la Corte acepta que violó derechos humanos al no hacer una investigación efectiva. Ahí hay una contradicción clara en la postura del Estado porque al mismo tiempo que aceptó su responsabilidad por no haber hecho una investigación efectiva negó contundentemente que hubieran sido militares. Ambas posturas son incompatibles.

¿Creen que este caso ante la Corte podría llegar a mandar un mensaje a los pueblos indígenas en Guerrero?

AB: Sí. Lo que queremos precisamente es obligar a que el Estado regule a las fuerzas armadas, que castigue a los responsables y que sepa que los ciudadanos no vamos a ceder en cuanto a la concesión de nuestros derechos. Estamos exigiendo respeto a nuestros derechos y un Estado democrático no puede pasar por encima de nuestra dignidad y mucho menos la dignidad de los pueblos indígenas que son los más pobres, los más discriminados, los más abandonados y quienes padecen los estragos de la militarización. Es decir, no solamente existe una injusticia histórica y estructural sino que aparte existe una agresión sistémica contra la vida y contra la tranquilidad de los pueblos. Y bueno es paradójico que el gobierno esté asignando más recursos económicos al Ejército y siga hundiendo a los pueblos indígenas en el abandono. Ahí es donde vemos la paradoja de un gobierno que opta por la fuerza, invierte en armas y deja en total indefensión a la gente más pobre, los que realmente le han dado un nombre, una historia y una identidad a nuestro país. Entonces queremos que este país no siga sangrando y que sea a través de otro tipo de fuerzas democráticas, como las que representa la Corte Interamericana, que el gobierno sea obligado a cumplir con sus compromisos internacionales.

 

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