Boletín: La PGJE denigra la memoria del defensor me´phaa Lorenzo Fernández al concluir que su homicidio fue por un “pleito de borrachos”

• Después de 2 años y cinco meses del homicidio la PGJE presenta a un presunto responsable.

• Como parte coadyuvante Tlachinollan tuvo un acceso limitado a los avances de la investigación.

• La PGJE debe agotar la línea de investigación relacionada con su trabajo como defensor.

Inés Fernández Ortega

Tlapa, Guerrero, México a 5 de julio del 2010.- A dos años y cinco meses del homicidio de Lorenzo Fernández Ortega -hermano de Inés Fernández Ortega, quien fue violada sexualmente por militares en el 2002 y cuyo caso actualmente es del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) presentó a un presunto responsable del homicidio y concluyó que el mismo fue consecuencia de un conflicto suscitado durante una borrachera.

El domingo 10 de febrero de 2008, fue hallado el cuerpo de Lorenzo Fernández Ortega, en el río que atraviesa la ciudad de Ayutla, con visibles huellas de tortura. Lorenzo fue integrante de la OPIM y tuvo un importante papel en la denuncia de casos de violaciones de derechos humanos cometidos en contra de indígenas, así como un activo acompañamiento en la denuncia de los hechos ocurridos en contra de su hermana, Inés Fernández. Por lo anterior, su caso fue incluido en el informe de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo Informe sobre la situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México, publicado en octubre del 2009.

La investigación del caso de Lorenzo no fue ni expedita ni seria y permaneció más de dos años en el olvido. Así, a raíz del homicidio, se radicó la averiguación previa número ALLE/SC/01/032/2008, que se encontraba estancada en el Ministerio Público de Ayutla de los Libres y que posteriormente fue turnada a la Fiscalía de Delitos Graves, en Chilpancingo. En marzo del 2010, las únicas pruebas formales que obraban en el expediente eran las denominadas primeras diligencias que consistieron en el levantamiento cadavérico y la declaración de dos testigos de identidad.

Es por ello que genera desconfianza, que de acuerdo a la información publicada hoy en medios de circulación estatal, la Procuraduría haya informado que detuvo a Ángel Silva Mejía, alias El Burro como presunto responsable del homicidio de Lorenzo. Máxime considerando que la dependencia dio a conocer que “que el móvil de los hechos fue que debido a que el agraviado se negó a invitarle más cervezas para seguir bebiendo, causó la molestia de sus agresores, quienes primeramente discutieron con el agraviado y finalmente lo privaron de la vida”.

Con la información disponible y considerando que durante la investigación prevaleció una posición hermética de la PGJE que obstaculizó la coadyuvancía, no puede avalarse el resultado de la investigación de la PGJE. Menos aún atendiendo a que la justicia guerrerense ha mostrado reiteradamente ser parcial en los casos de defensores y defensores, auspiciando la impunidad cuando los activistas son las víctimas a la vez que criminaliza el activismo incluso mediante la fabricación de delitos.

Por ello, estaremos atentos a realizar un análisis minucioso del expediente y a insistir en que deben agotarse las líneas de investigación relacionadas con el trabajo de Lorenzo como integrante de la OPIM, en el marco del generalizado ambiente de riesgo y amenaza que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en Ayutla. Por ende, enfatizamos que concluir que Lorenzo fue asesinado en un “pleito de borrachos” ofende su memoria y denigra su trayectoria como defensor. Frente al intento de dar por cerrado el caso, reiteramos que Lorenzo fue un defensor de los derechos humanos y que ese elemento no puede ser dejado de lado como pretende la PGJE.

Información de contexto:

Lorenzo fue un integrante activo de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que tiene presencia en Ayutla y era el hermano mayor de Inés Fernández Ortega, una indígena me´phaa de Barranca Tecuani que fue violada sexualmente por militares, en marzo del 2002, y que hoy tiene sentado en el banquillo de los acusados al Ejército mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

El pasado 9 de febrero del 2008, Lorenzo fue desaparecido de manera forzada, y un día después, el 10 de febrero, su cuerpo fue hallado sin vida y con visibles huellas de tortura, bajo el puente del río que cruza la ciudad de Ayutla, lugar en donde apenas tenía tres semanas trabajando como albañil.

Como integrante de la OPIM, Lorenzo fue un personaje clave en la queja que presentaron ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) los 14 indígenas de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud, en 1998.

En el caso de su hermana Inés, asumió un papel importante porque además de su esposo Fortunato Prisciliano Sierra, Lorenzo la había acompañado en el proceso de su denuncia contra los militares que la violaron y se convirtió en un apoyo constante para Inés ante el clima de amenazas y persecuciones que se orquestaron contra ella.

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