Artículos en medios: Ni seguridad ni derechos humanos.

A continuación reproducimos un artículo de la investigadora de Fundar, Mariana Mora, publicado en El Semanario. El artículo trata sobre la trascendencia del caso de Valentina Rosendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la actual coyuntura de debate sobre reformas legislativas.

Valentina Rosendo

Hace un par de semanas, en dos eventos distintos, representantes del gobierno federal evaluaron temas de mayor relevancia sobre las políticas de seguridad y de justicia. El primer evento fue exclusivamente un acto político, de muy alto perfil mediático; mientras que al segundo, que sí le generaba obligaciones al Estado, se le restó importancia de forma deliberada. Como consecuencia, el gobierno federal perdió una oportunidad importante para empezar a construir puentes entre el reto que representa enfrentar la violencia que actualmente atraviesa nuestro país y la necesidad de asegurar el respeto a los derechos humanos.

El 24 y 25 de mayo se llevó a cabo el segundo foro político “Seguridad y Justicia” en la Ciudad de México, con la participación del presidente Calderón y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. El foro tuvo como objetivo evaluar el rumbo que ha tomado la reforma constitucional en materia penal a dos años de su implementación. Cabe recordar que la reforma respondió a una amplia demanda social para contar con un marco jurídico que generara los instrumentos legales necesarios para que los ciudadanos pudieran recuperar la seguridad. En las mesas sobre las fuerzas armadas, representantes estatales fijaron su postura de hacer más eficiente la guerra contra el narcotráfico. Gómez Mont planteó ampliar los frentes de acción con opciones laborales para evitar la participación de individuos en actividades ilícitas y establecer marcos legales para las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. En los discursos oficiales fue evidente que la lucha contra el crimen organizado tiene secuestrado los debates sobre cómo mejorar la seguridad y justicia para la ciudadanía.

Dos días después, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se celebró la audiencia pública de Valentina Rosendo Cantú contra el Estado mexicano por la retención ilegal, tortura y violación sexual que sufrió a manos de militares en el estado de Guerrero, en 2002. A este caso se suman otros tres que han tenido su audiencia ante la CIDH en un periodo menor a 12 meses; todos del estado de Guerrero y con un tema en común: la falta de acceso a la justicia por violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.

Hay que recordar que las sentencias que emita la Corte son vinculantes e incluso podrían obligar al Estado a modificar la legislación vigente. Sin embargo, la delegación del Estado mexicano optó por restarle importancia a esta audiencia. En contraste, al foro “Justicia y Seguridad” acudieron funcionarios de muy bajo perfil. El funcionario de más alto nivel fue Rogelio Rodríguez Correa, subdirector de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La audiencia se centró en los sucesos del 16 de febrero 2002, el día que Valentina fue rodeada por ocho elementos del Ejército mexicano mientras lavaba ropa en un arroyo cerca de su comunidad, Barranca Bejuco. Los soldados se encontraban en la región como parte de una operación para erradicar cultivos ilícitos. Le mostraron una lista de nombres y le exigieron que les señalara quiénes eran los “encapuchados”. Ante la falta de respuestas afirmativas, un militar golpeó a Valentina en el estomago con el arma. La fuerza fue tal que se desmayó por unos minutos. Al reincorporarse, dos de ellos la violaron.

Durante los siguientes ocho años, Valentina batalló con diversas instancias estatales para acceder a la justicia. Luchó por recibir una atención médica adecuada. Sin embargo, agentes del Ministerio Público tardaron un mes después de la violación en hacerle una revisión médica porque dijeron que no contaban con el personal especializado. Tuvo que intervenir la Comisión de Derechos Humanos Estatal, pero a pesar de que su lengua materna es el tlapaneco, no respetaron su derecho a un intérprete. El caso pasó al fuero militar donde sufrió numerosas prácticas intimidatorias. Su domicilio fue rodeado en tres ocasiones por militares para que Valentina saliera a declarar e identificara a quienes la habían agredido. Ocho años después de los sucesos, los actos amenazantes llegaron a tal grado que sus abogados tuvieron que solicitar medidas provisionales ante la Corte Interamericana para su protección.

En la audiencia, el Estado reconoció que sí se violaron los derechos de la víctima porque no hubo una investigación diligente; es decir, reconoció que no cumplió con su obligación de investigar los hechos. Sin embargo, en una lógica tautológica, los delegados argumentaron que por falta de pruebas no se puede mostrar que hubo una violación sexual. Según las opiniones de los abogados de Valentina, la pobre argumentación jurídica del Estado es una clara muestra de su falta de interés por adecuar el sistema de justicia a los estándares internacionales.

La audiencia de Valentina Rosendo se inscribe en un momento en el que se discuten importantes reformas legislativas en materia de seguridad, tal como nos recordaron funcionarios públicos en el foro “Seguridad y Justicia”. Este caso evidencia la necesidad de que se establezcan mecanismos de control y vigilancia sobre la actuación del Ejército en tareas de seguridad, así como la urgencia para que se modifique la jurisdicción militar de acuerdo a las obligaciones que contrajo el Estado tras la sentencia de la CIDH en el caso de Rosendo Radilla. Y, sin embargo, al negarle el peso correspondiente, el gobierno federal amplía la brecha entre las garantías a los derechos humanos y las medidas tomadas para frenar la ola de inseguridad en el país. Esto da pie a que agravios como el que sufrió Valentina vuelvan a suceder.

Mariana Mora es Investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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