COMUNICADO: Ante la CoIDH Valentina exige al gobierno de México, que reconozca que fueron militares quienes la violaron y pide que la deje vivir en paz.

 

Valentina en audiencia ante la CoIDH

San José, Costa Rica, jueves 27 de mayo del 2010.- Durante la audiencia que hoy celebró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, dentro de su 87 periodo de sesiones, la indígena me´phaa de Guerrero, Valentina Rosendo Cantú, de 25 años de edad, exigió al gobierno de México que reconozca que fueron militares quienes la torturaron y violaron sexualmente en el 2002, y que deje de perseguirla porque quiere vivir “tranquila” con su hija.

También fue enérgica al manifestar que estaba preocupada por su seguridad, la de su familia y sus representantes legales ante posibles represalias que pudiera ejercer el Estado mexicano por buscar justicia ante la Corte y evidenciar la impunidad con que actúa el Ejército mexicano. “Han pasado ocho años y el gobierno no ha hecho nada, ocho años de no poder regresar a mi comunidad…para poder estar tranquila, pido al gobierno, exijo al gobierno que (reconozca) que lo que estoy diciendo es la verdad”, dijo Valentina.

Las juezas y jueces escucharon el testimonio de Valentina de “manera privada”, porque consideraron que cuando se trata de la declaración de una víctima de violación sexual, se deben adoptar las medidas necesarias para evitar, o al menos, reducir al máximo el riesgo de una eventual revictimización. Hace ocho años, cuando Valentina tenía 17 años de edad -y sin hablar de manera fluida el español-, inició una lucha para que sean procesados y sancionados los soldados que la violaron y torturaron cuando terminaba de lavar ropa en el río de su comunidad, luego de que no reconoció la identidad de “encapuchados” cuyos nombres le mostraron en una lista.

La falta de una atención médica adecuada, de una debida diligencia en la investigación, de la sanción de los responsables, de una reparación adecuada a ella y sus familiares y la utilización del fuero militar para juzgar las violaciones de derechos humanos en México, obligaron a Valentina a buscar justicia ante el Alto Tribunal Latinoamericano.

El 23 de abril de este año, la Corte Interamericana notificó, a Valentina y sus representantes legales su resolución mediante la cual la convocó a la audiencia pública de hoy, que programó para conocer su demanda contra el Estado mexicano, por la detención ilegal, torturada y violación sexual que sufrió en manos de militares del 41 Batallón de Infantería.

El caso de Valentina fue presentado ante la Corte desde el 2 de agosto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que el gobierno de México se negó a cumplir la recomendación de ese organismo para adoptar una serie de medidas que repararan de manera integral el daño ocasionado a Valentina. A partir de esta fecha se inició formalmente el proceso ante ese Tribunal por el caso de Valentina y tras concluir la etapa escrita, hoy continuó la etapa oral en el que la Corte escuchó el testimonio de la víctima y un testigo -propuestos por los representantes legales de la indígena me´phaa- así como de una perito especialista en temas de género, violencia y discriminación.

La audiencia se realizó de 9 de la mañana a 5 de la tarde (hora local de Costa Rica), compareció en público y como testigo de Valentina, el Visitador General de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), Hipolito Lugo Cortes quien habló sobre la investigación realizada por ese organismo en el caso de la mujer indígena así como del acompañamiento realizado cuando ella presentó su denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común, en marzo del 2002; también destacó las dificultades que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a los servicios de salud y más cuando han sido agredidas sexualmente.

Posteriormente, los jueces también conocieron el peritaje de la Dra. Roxana Arroyo Vargas -abogada y experta internacional en asuntos de género y derechos de las mujeres- quien habló sobre la falta de acceso a la justicia que sufrió Valentina como mujer indígena víctima de violencia y de la discriminación que enfrentó en su búsqueda por hacer efectivo ese derecho, además de que sugirió una serie de medidas que debe adoptar el Estado mexicano para una reparación adecuada a Valentina.

En la presente audiencia, con el testimonio de la víctima, de Hipolito Lugo Cortes, de la perita Roxana Arroyo y de todas las demás pruebas que los jueces analizaron, quedó totalmente probada la responsabilidad del Estado mexicano por la violación sexual de que fue objeto Valentina por parte de elementos del Ejército mexicano.

Los representantes legales de Valentina evidenciaron ante la Corte que el Estado mexicano violó el derecho de acceso efectivo a la salud, a la justicia, ala integridad personal y el derecho de Valentina a vivir una vida libre de violencia. Explicaron claramente a los jueces de la Corte el largo caminar de Valentina en su búsqueda de una atención médica adecuada y justicia y como todas las autoridades le cerraron las puertas.

Algunos jueces externaron su preocupación ante la información presentada que da cuenta del poco avance de las investigaciones y exhortaron al Estado mexicano a brindar mucho mayor información que les permita emitir una resolución objetiva. En la audiencia, el Estado mexicano reconoció parcialmente que se violó las garantías judiciales de Valentina al no proporcionar traductor, asesoramiento y atención psicológica como mujer indígena víctima de violencia y menor de edad.

Por lo tanto, reiteramos que en la presente audiencia ha quedado debidamente probada la responsabilidad del Estado mexicano en la violación sexual que sufrió Valentina Rosendo Cantú a manos de militares, y esperamos que en próximo meses la Corte pueda emitir su sentencia en la que este Alto tribunal pueda dictar medidas de reparación que eviten que hechos como la agresión de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega se vuelvan a repetir, pues es un caso que a la fecha cobra especial relevancia toda vez que se da en un contexto de alta militarización en México y Guerrero en la que se han documentado un aumento exponencial en la violación de los derechos humanos cometidas por militares.

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