COMUNICADO DE CENCOS: Valentina Rosendo Cantú busca justicia internacional

Valentina Rosendo Cantú

México D.F., 27 de mayo de 2010 (Cencos).- Valentina Rosendo Cantú declarará hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, al que responsabiliza de la violación sexual de la que fue víctima el 16 de febrero de 2002 cometida por miembros del Ejército. La audiencia tendrá lugar en Costa Rica. El acceso a la justicia, la militarización y el fuero militar son los temas de fondo por los que el Estado mexicano se sienta ante la Corte por segunda vez en menos de dos meses.

Valentina Rosendo, indígena de la etnia mee phaa, tenía 17 años de edad (por lo cual es conciderada una infante como establece la Convención de los derechos del niño) cuando un grupo de militares la encontraron lavando ropa en el río de la comunidad Barranca Bejuco, municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero.Los soldados la interrogaron sobre dónde se encontraban “los encapuchados”, la golpearon y, posteriormente, la violaron.

Valentina sufrió varios tipos de violencia, argumenta su defensa; violencia sexual, política e institucional pues también fue víctima de negligencia por parte de los médicos que le dieron una atención no adecuada. Después de caminar ocho horas para encontrar la atención, a Valentina le realizaron los estudios necesarios para comprobar la violación un mes y medio después lo que frustró esta prueba. En contra de su voluntad, la denuncia que presentó ante las autoridades civiles fue traspasada al fuero militar, sin que hasta el momento se haya procesado ni castigado a ningún responsable de la violación. Seis años y seis meses después de estos hechos, Valentina se presentará ante la CoIDH buscando justicia.

Las violaciones sexuales y ataques por cuestiones de género han sido calificadas como un mecanismo de tortura por la defensa de Valentina, representada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), ya que las agresiones vinieron acompañadas de solicitudes de información. El fuero militar ha sido, en la práctica, un instrumento para encubrir las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y no se ha respetado la voluntad de la víctima de que el caso sea llevado por las instancias civiles de justicia. Al respecto, la CoIDH ya dictaminó que el Estado mexicano debe reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y adecuarlo a los estándares internacionales.

El caso de Valentina Rosendo ha ido de la mano con el de Inés Fernández Ortega. La audiencia en el caso de Inés Fernández tuvo lugar el pasado 16 de abril de 2010 en Lima, Perú, y está pendiente de sentencia. No sólo los aspectos de verdad y acceso a la justicia son centrales en estos casos. Las reparaciones solicitadas por la defensa durante la audiencia del caso de Inés Fernández recogieron las conclusiones de los peritajes psicosocial y antropológico que se presentaron, y hacen énfasis en el componente colectivo de la misma. Resulta indispensable, entre otras cosas, que se den garantías de no repetición de los hechos, ya que las comunidades Me´Phaa de Ayutla de los Libres rechazan la presencia del Ejército en la región.

La imposibilidad de acceder a la justicia en México llevó a las dos mujeres de la etnia Me´Phaa a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2003, iniciando un proceso largo y tardado. Por la labor que han desarrollado como defensoras de derechos humanos, “porque en su lucha también buscan la recomposición del tejido social de sus comunidades”, como afirma el abogado de Tlachinollan Mario Patrón, y por las denuncias en foros nacionales e internacionales, ellas y las organizaciones que las acompañan han sido criminalizadas y víctimas de constantes amenazas y agresiones. El 2 de febrero de este año, la CoIDH ordenó al estado mexicano brindar medidas provisionales para Valentina y su familia, dadas estas agresiones.

Las organizaciones que han acompañado el caso de Valentina Rosendo Cantú esperan que la Corte base su fallo en la Convención Interamericana Belem Do Para, se pronuncie sobre el fuero militar y acepte la violación sexual como método de tortura.

En la demanda que Valentina Rosendo Cantú presentó ante la CoIDH, acusa al Estado mexicano de violar el derecho a una vida libre de violencia, el artículo 19 de la Convención Americana de los derechos del niño, los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y el  derecho a la integridad personal de su hija.

El caso se suma a otros abordados en la CoIDH, como el de Inés Fernández, Rosendo Radilla, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera, todos ellos relacionados a violaciones de derechos humanos por parte del Ejército en Guerrero, y el caso de Campo Algodonero, sobre tres feminicidios en Ciudad Juárez.

 

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