Artículo: Mujeres frente al poder militar, por Regina Tamés Noriega, abogada feminista.

 
 
El tema de la presencia de los militares en las calles ha ocupado casi toda la atención del país al menos en los último año. Las violaciones a derechos humanos que esta presencia ha generado siguen acumulándose. La pertinencia o no de que la milicia asuma tareas de seguridad pública sigue siendo motivo de debate. Lo que poco se ha discutido son los efectos que el combate contra el narcotráfico tiene en las mujeres. Como toda política pública, sus efectos son distintos en la población masculina y en la población femenina.
Inés Fernández Ortega

El caso de la presencia de los militares ejemplifica claramente las consecuencias de una política pública carente de perspectiva de género. Una vez más, las mujeres no sólo no son el centro del debate, sino que ni siquiera figuran en él.

Las violaciones a derechos humanos de las que son objeto las mujeres cuando hay presencia de grupos armados, empezaron a ser reconocidas no hace muchos años. Se dan los primeros pasos con las Comisiones de la Verdad y Esclarecimiento Histórico de Perú y Guatemala, posteriormente con mayor claridad por el Tribunal de Yugoslavia, las Comisiones de Sierra Leona y Timore del Este, para culminar por la Corte Penal Internacional. Se ha demostrado que el vejar a las mujeres, violarlas sexualmente y torturarlas es una poderosa arma de guerra que cumple con el fin de intimidar no solo a las mujeres sino a sus comunidades y a sus familias.

En el caso de México, se empezaron a documentar hace alrededor de diez años, casos de violaciones a mujeres en algunas entidades federativas que tenían en ese entonces una cuarta parte de la presencia militar que tienen hoy. Ejemplo de ello son las violaciones ocurridas a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas del estado de Guerrero que fueron violadas sexualmente y torturadas por efectivos militares en el año 2002. Sus casos nunca fueron investigados por autoridades civiles y fueron remitidos a la Procuraduría General de Justicia Militar, señal de que quedarían impunes.

Los casos de Inés y Valentina fueron denunciados hace seis años por tres organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al no haber voluntad política por parte del Estado de reparar las violaciones, México fue denunciado frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 15 de abril se llevó a cabo la audiencia pública de Inés Fernández Ortega contra los Estados Unidos Mexicanos, frente a esa Corte y el 27 de mayo, la de Valentina Rosendo Cantú. La Corte representa el último recurso para estas dos mujeres de obtener una reparación integral por las violaciones a sus derechos humanos.

Estas dos demandas ponen de manifiesto una vez más, el limitado acceso a la justicia que tienen las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en México. Hasta que no se incorpore una perspectiva de género en el combate contra el narcotráfico casos como el de Inés y Valentina seguirán aumentando y seguramente continuarán en la impunidad. Se espera que una sentencia de la Corte Interamericana pueda ayudar a acelerar esta tarea. Mientras tanto, las mujeres seguiremos exigiendo justicia.

 Artículo aparecido en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48050.html

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