Comunicado: Se evidencia impunidad del Ejército mexicano, en audiencia de la CoIDH sobre el caso de Inés Fernández

Hoy 16 de marzo, en su 41 Período de Sesiones, celebrado en Lima, Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) analizó el caso de la indígena me´phaa, Inés Fernández Ortega. La audiencia dio inició a las 9:00 horas y se prolongó hasta las 17:00 horas. Inés Fernández ortega expresó su demanda de justicia a través de un video proyectado durante la audiencia. 

Inés Fernández Ortega

Asimismo, las peritas Clemencia Correa (Psicóloga), Aída Hernández (Antropóloga) y Marcela Huaita (Experta en acceso a la justicia y género) comparecieron para informar a la Corte los impactos en la vida personal, familiar y comunitario que ocasionó la violación sexual y la militarización; así como el carácter estructural de los obstáculos que las mujeres indígenas en situación de marginalidad enfrentan al acudir a la justicia estatal. Por su parte, tanto los representantes de Inés como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado presentaron sus alegatos en torno al caso. 

Cabe señalar, que el 22 de marzo de 2002, Inés Fernández Ortega fue violada por soldados del Ejército Mexicano. Después de esto, inició su demanda de justicia sin que fuera atendida por las autoridades en condiciones de dignidad. En su búsqueda de justicia, Inés enfrentó discriminación, amenazas, riesgos, agresiones y estigmatización. Además, las autoridades mandaron la investigación al fuero militar en donde ésta permanece en total impunidad. Por eso desde 2003, tuvo que acudir a la Comisión Interamericana esperando que su demanda fuera escuchada por la Corte Interamericana, lo que ocurrió el día de hoy. 

Durante la audiencia que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Lima, Perú, el Estado mexicano a través del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, reiteró su negativa a reconocer que fueron elementos de las Fuerzas Armadas quienes violaron a Inés Fernández, pese a que en la misma audiencia aceptó que el Estado había realizado una investigación deficiente de los hechos, ignorando la contundencia de las pruebas presentadas en la audiencia. Algunos jueces y juezas de la Corte cuestionaron la contradicción latente en la posición estatal, en el sentido de reconocer la investigación negligente pero negar tajantemente la participación de las Fuerzas Armadas en los hechos. 

Respecto de lo anterior, la Comisión Interamericana insistió en que la violación de Inés por soldados mexicanos se encuentra plena y rotundamente probada, más allá de toda duda, a partir de la declaración de Inés así como de la declaración de su hija que presenció los hechos; de la prueba médica que comprobó la presencia de células espermáticas en las muestras que se tomaron de la víctima; de la existencia de un impacto psicológico agravado; de la irrefutable presencia de militares en la zona; así como de la existencia de un contexto caracterizado por las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas. 

Una constante durante la audiencia fue la preocupación de los jueces por los riesgos que enfrentan Inés Fernández Ortega, su familia y las organizaciones que han acompañado su búsqueda de justicia. Igualmente, externaron su preocupación por la militarización del estado de Guerrero. 

Tras la finalización de la audiencia, la Corte Interamericana deberá valorar la prueba reunida y los alegatos de las partes para dictar una sentencia definitiva. Si bien para ello no tiene un plazo preciso, la sentencia podría ser emitida en el margen de los 4 y 6 meses. Antes, el 24 de mayo se entregarán los alegatos escritos finales. 

Para Inés y sus representantes, la audiencia pública celebrada en Lima, Perú constituye un paso más en su larga demanda de justicia, misma que ha estado plagada de riesgos que en la medida en que ha avanzado el proceso ante la Corte se han intensificado; de ahí que sea importante advertir que las amenazas pueden recrudecerse en el marco de la audiencia del día de hoy, tomando en cuenta que los días 27 y 28 de mayo se realizará la audiencia por el caso de Valentina Rosendo Cantú, otra indígena me´phaa que también fue violada sexualmente por elementos del Ejército en el mismo año que Inés Fernández Ortega. 

Finalmente, es importante decir que lamentamos que el Gobierno mexicano siga empeñado en proteger al Ejército y se niegue a garantizar justicia a una mujer indígena que, como Inés, vive en las condiciones más adversas y deshumanizantes, agravadas por la misma militarización que sigue siendo una fuerza que actúa sin ningún control y daña gravemente la vida de los pueblos indígenas.

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