El gobierno mexicano ante la Corte Interamericana

Del 12 al 16 de abril del presente año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) celebrará en Lima, Perú su XLI periodo ordinario de sesiones. En estos cinco días la Corte realizará 3 audiencias públicas en igual número de casos. Uno de estos casos es el de Inés Fernández Ortega, indígena del pueblo Me´ Phaa del municipio de Ayutla que fue violada por elementos del ejército mexicano el 22 de marzo de 2002. Los otros dos casos corresponden a Bolivia y Paraguay, y tienen que ver con desaparición forzada de personas y derechos de propiedad comunal indígena y vida digna.

Inés Fernández Ortega y Obtilia Eugenio Manuel, su traductora.

El caso de Inés Fernández será abordado el próximo jueves 15 de abril a partir de las nueve horas en el Palacio de Justicia de Lima. En esta sesión la Corte escuchará en audiencia pública los informes de los peritos propuestos tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como por los representantes de las víctimas, conformado por Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). A lo largo de esta jornada los jueces escucharán los alegatos finales orales de las partes, como una de las etapas claves del juicio, donde el Tribunal Internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá que emitir su sentencia definitiva.

 

En la presente demanda la CIDH solicitó a la Corte que declare que el estado mexicano es responsable por la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 11(Protección de la Honra y de la Dignidad) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que declare que el Estado es responsable por la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora Inés Fernández Ortega, y que el Estado incumplió sus obligaciones bajo los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Por nuestra parte, tanto Tlachinollan como CEJIL solicitamos a la corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 16 (Libertad de Asociación) y 24 (Derecho a la No Discriminación) de la Convención Americana.

Es importante explicar que la Corte es una institución judicial autónoma de la OEA cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto. Fue creada en 1979 y el Estado mexicano reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998. Este tribunal está formado  por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos elegidos a título personal. Es una instancia internacional que complementa y cubre las deficiencias y vacios legales que existen al interior de los países de esta área en el tema de los derechos humanos. Es un recurso al que pueden acceder todas la victimas que no cuentan con las garantías básicas de acceso a la justicia. Las sentencias de la Corte son obligatorias porque se centran en señalar las violaciones de los derechos humanos que cometen los Estados, y por lo mismo se  exige a las autoridades que cumplan con lo que determinen los jueces.

El caso de Inés Fernández sintetiza toda la problemática estructural que persiste en el sistema de justicia de nuestro país y de nuestro estado. Condensa el grave estado de indefensión de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que contrasta con el nivel de protección e impunidad que siguen gozando las autoridades que violan los derechos humanos. El hecho de que la CIDH haya admitido el caso de Inés Fernández en octubre de 2006 y que en su momento haya enviado varias recomendaciones al Estado para la adopción de una serie de medidas orientadas a reparar de manera integral los derechos violados, son muestras claras de la falta de interés jurídico y voluntad política de la autoridades mexicanas por respetar los derechos humanos de la población que es víctima de las arbitrariedades del poder. Ante este incumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado mexicano, la CIDH decidió someter el caso de Inés a la Corte  el 7 de mayo de 2009.

El caso de Inés Fernández se enmarca dentro de un contexto de violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército mexicano contra civiles, en especial de comunidades indígenas y movimientos sociales que enfrentan las políticas de contrainsurgencia y de combate al narcotráfico, emprendidas por el Estado mexicano desde los años noventa. Dentro de esta conflictividad social, las mujeres indígenas, sobre todo las que participan en organizaciones sociales, son el blanco de los ataques por parte del ejército, porque al agredir a las mujeres se agrede la parte más sensible de la comunidad. En una lógica de guerra, lo que se busca es causar los mayores daños posibles a los enemigos, para que no puedan reaccionar ante el terror del Estado. A todo ello se suma el clima de impunidad que prevalece en los órganos de justicia y el fuero militar que funciona en los hechos, como una licencia para violar flagrantemente los derechos humanos.

Cabe recordar que a los dos días de la agresión sufrida, Inés Fernández  interpuso la denuncia ante el ministerio público del fuero común con cabecera en Ayutla, esto significa que desde el 24 de marzo de 2002 Inés experimentó todos los obstáculos que las autoridades le pusieron para impedir que se investigaran estos hechos. Desde el principio las autoridades civiles  turnaron la denuncia a la Procuraduría de Justicia Militar. Lo poco que hicieron  estuvo orientado a desvirtuar los hechos y a perder las pruebas que demostraran que la violación sexual había sido perpetrada por elementos del ejército. Se constató cómo se coluden todas las autoridades para protegerse y dejar a las víctimas a su suerte. Cuando la parte agraviada no se resigna a olvidar y a guardar silencio, el sistema reacciona con virulencia y se encarga de poner en marcha todos los métodos y técnicas especializadas en amedrentar, reprimir y hasta privar de la vida, con el fin perverso de que no se aplique la justicia.

Inés Fernández ha demostrado tener el valor, la dignidad y la gran calidad humana para luchar por la justicia. Logró superar esta agresión sexual, enfrentó con aplomo el ambiente hostil que se generó en la comunidad por ser una mujer ultrajada, y junto con su esposo y sus pequeños hijos emprendieron esta lucha que a lo largo de 8 años les ha provocado mayores daños y  riesgos. Fortunato, el esposo de Inés, tuvo que vender sus vacas para apoyar a Inés en todos los gastos que ha implicado la búsqueda por la justicia. Ha dejado de sembrar toda su parcela porque no cuenta con el apoyo de los miembros de la comunidad que acostumbran trabajar colectivamente. No ha podido curar a su pequeña hija que cada día va perdiendo más su vista. Ella, ante las múltiples precariedades, se vio obligada a trabajar en las casas de los mestizos de Ayutla (que la explotan y discriminan), para tener asegurado por lo menos un plato de comida. La complicidad de las autoridades es muy evidente; desde hace 8 años Inés nunca encontró el apoyo de alguna dependencia pública. Hasta la fecha paga las consecuencias de ser una mujer indígena, monolingüe, pobre, desnutrida pero que tiene el acero de la dignidad que le ha permitido sobrevivir en medio de tantas penurias, amenazas y agresiones.

En Guerrero han sido las mujeres del campo, las que han dado una gran lección al país y a nuestro estado sobre cómo asumir las grandes causas de la justicia, para acabar con la corrupción y la impunidad de las autoridades. Son las mujeres sencillas y humildes como Inés Fernández, Tita Radilla y Valentina Rosendo las que han arriesgado todo y han perdido todo, menos la memoria y el sentido de justicia. Lo único que quieren es que México transite realmente a un sistema verdaderamente democrático, donde las leyes se respeten y los derechos humanos sean las normas sagradas que guíen las acciones de los gobernantes. Las tres mujeres se han dado cuenta cómo las autoridades tienen un doble discurso; son simuladores políticos, cómplices de la corrupción, comparsas de los que violan derechos humanos y personajes sin ética, porque no les interesa el sufrimiento de las víctimas, sino lo que les genera más poder y ganancias económicas.

Este jueves 15 de abril seremos testigos de cómo las autoridades mexicanas van a defender a los que violan los derechos humanos, van a dejar en claro que están del lado de los violadores y que buscarán las argucias legales para desacreditar los testimonios de la víctima, para mantener intacto el sistema de justicia que tanto daño ha hecho a la sociedad. Esperamos que las autoridades de Guerrero entiendan que por sus malas actuaciones crecen las injusticias y que sepan que la población sabrá juzgarlos y ponerlos en el lugar que les corresponde.

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