Inés y Valentina: una luz en el laberinto de la impunidad.

A finales del mes de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)  –con sede en Costa Rica– notificó a la indígena me´pha Inés Fernández Ortega y a sus representantes su resolución mediante la cual los convoca a una audiencia pública que se celebrará el 15 de abril del 2010, en Lima, Perú, en el marco de su 41 periodo de sesiones, donde se abordará su caso y será juzgado el Estado.

Abel Barrera, director de Tlachinollan; Obtilia Eugenio, OPIM; Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan; Alberto Herrera, director ejecutivo de AI-México.

Desde el 7 de mayo del año 2009, el caso de Inés Fernández Ortega fue presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  tiempo en el que inició formalmente el proceso ante este Alto Tribunal.  A la fecha ha concluido la etapa escrita y continuará la oral en el que la Corte escuchará a testigos y peritos que presenta Inés Fernández Ortega  y sus representantes, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante la falta de acceso a las justicia en México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa para las víctimas una oportunidad de ser oídas valoradas y de encontrar justicia, puesto que es la única instancia en las Américas que puede obligar al Estado mexicano a restituir los derechos violados a Inés Fernández Ortega.

Las violaciones a Inés y Valentina ocurridas en el año 2002, se da en un contexto de alta militarización en el estado de Guerrero que tiene como fin desarticular a las organizaciones y prevenir brotes de insurgencia. Esta estrategia fallida ha desangrado al país y nos ha colocado al borde de la ingobernabilidad. Más de 7 mil muertes violentas en el país son insuficientes  para un gobierno que ha optado por el uso de las armas para combatir un problema multifactorial como ha sido el narcotráfico

En el estado de Guerrero, la militarización fue producto de una decisión presidencialista para sofocar la insurgencia civil y armada que reclama desde hace décadas los pobres del campo. La época de la guerra sucia dejó más de 600 desaparecidos en el estado  y hasta la fecha el gobierno federal se ha obstinado en mantener en la impunidad hechos tan cruentos  que nos impide alcanzar la justicia y la reconciliación. 

Con la masacre de El Charco perpetrada por el Ejército mexicano, el 7 de junio de 1998, donde 11 indígenas del pueblo Na savi fueron acribillados en el interior de la escuela primaria Caritino Maldonado marcó la nueva escalada bélica  de la tecnocracia gobiernista contra los pueblos indígenas del sur de México, estigmatizados como revoltosos y alcistas.

En esta estrategia de guerra preventiva  las violaciones sexuales contra las mujeres indígenas forman parte del libreto de la contrainsurgencia. Las mujeres Tzeltales de Chiapas, violadas por el Ejército en el marco de la guerra contrainsurgente se concatena con las violaciones sexuales de Inés Fernández y Valentina Rosendo  fraguadas en febrero y marzo del 2002, en las comunidades Me´phaa de Barranca Bejuco,  municipio de Acatepec y Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres.

Esta atrocidad ha sido consentida por el Estado mexicano, al negarles un acceso efectivo y apropiado al sistema de justicia. En lugar de garantizar este derecho fundamental  Inés y Valentina  tuvieron que sufrir no sólo el rechazo y el desprecio de la comunidad sino soportar el racismo, la discriminación y la misoginia de las autoridades encargadas de investigar los delitos , que en todo momento se negaron a investigar  a los militares por estos hechos denunciados, en estas circunstancias el fuero militar ha servido para encubrir los actos delincuenciales que han cometido elementos del Ejército mexicano dejando a las mujeres en total indefensión  y poniendo en riesgo su seguridad y su vida misma.

Desde hace ocho años Inés y Valentina  sufren el escarnio de ser mujeres ultrajadas por agentes del Estado. Como esposas y madres asumieron con dignidad y valor esta afrenta  y no han claudicado en esta lucha. Donde las víctimas de la militarización regularmente viven amenazadas, asediadas  y con el riesgo inminente de ser víctimas de una desaparición forzada o de una ejecución extrajudicial. Después de caminar por el tortuoso sendero de la justicia que es inalcanzable para las indígenas de nuestro país, Inés y Valentina  recurrieron al Sistema Interamericano y logaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca sus casos y se encargue ahora de juzgar al estado Mexicano, que ha incumplido su deber de hacer vigentes los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En México no sólo el sistema de justicia es inaccesible para las victimas de los delitos sino que además las mismas denuncias se transforman en actos de alto riesgo para quienes asumen la responsabilidad  de contribuir en el proceso de investigación para castigar  a los agentes del Estado que violentan los derechos humanos.

Existen fundados temores  de que se pueda consumar alguna agresión contra  Inés y valentina, sus familiares, representantes legales y los mismos miembros de la organización a la que pertenecen. Desde que los dos casos fueron admitidos por la Corte Interamericana se han acrecentado los casos de amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, seguimientos    y vigilancia en los domicilios y las oficinas, anónimos e intentos de secuestro.

Del mes de diciembre del 2009 al mes de marzo se ha duplicado el número de denuncias relacionadas con actos de amenaza contra las familias de Inés y Valentina y los defensores y defensoras que los acompañan. Denunciar en estos contextos de violencia y militarización se ha transformado en un riesgo y en un acto irrelevante en razón de que las autoridades que procuran justicia son ineficientes  e incapaces para acabar con la corrupción y abatir la impunidad   

A las victimas de la militarización se les hace aparecer en los medios  como miembros  de la delincuencia  organizada, de manera irresponsable se juzga a la población civil que es rehén de una guerra que le es ajena. Se ha llegado al grado de que las autoridades civiles se transformen en defensores de oficio de Ejército  para mantener en la impunidad  los delitos  que han causado grave daños a la población civil. Inés y Valentina en estos ocho año nunca encontraron el apoyo ni el respaldo de las autoridades, por el contrario fueron vilipendiadas  y abandonadas a su suerte. Por eso, estos dos casos son  emblemáticos porque se trata de dos mujeres  indígenas que a pesar de no expresarse adecuadamente en la lengua dominante han tenido la capacidad para dar su testimonio y probar ante la Corte Interamericana de que el Estado mexicano violentó sus derechos humanos.

El caso de Inés Fernández Ortega será juzgado el 15 de abril y el de Valentina Rosendo los días 28 y 29 de mayo con la firme esperanza de que todo el sufrimiento que les representó para exigir justicia se cristalice en un acto ejemplar donde se reivindiquen los derechos fundamentales de Inés y Valentina y se obligue a las autoridades mexicanas a  que emprendan acciones que den con el paradero de los responsables de estos delitos , que se castigue, que se repare los daños, que se garantice la no repetición de estos actos y que se tomen medidas de diferente índole para que se regulen y normen todos los actos del Ejército  Mexicano.

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