Continúa la nota de ayer, reproducida en el periódico La Jornada.
Blanche Petrich /II y última
El centro de derechos humanos Tlachinollan, con sede en Tlapa; la Organización del Pueblo Indígena Meph’aa (OPIM), y los abogados defensores de Valentina Rosendo e Inés Fernández confían en que, a contracorriente de la impunidad que ha privado históricamente cuando militares o policías han violado a mujeres –sobran los antecedentes: entre 1994 y 2006 se han documentado 86 de esa agresiones a indígenas, infligidas por soldados–, los dos ataques cometidos en parajes aislados de la zona Montaña-Corta de Guerrero en 2002 van a culminar con los culpables sentados en un banquillo frente a la justicia civil.
Esta vez sí es posible
, afirma el representante legal de las víctimas, Mario Patrón. Con la doble sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del gobierno y a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo se abre una oportunidad histórica de romper un círculo que parece fatal: la discriminación y negación de la justicia a mujeres indígenas pobres. Y, en el caso de una de ellas, menor de edad
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