• Inicia gira que incluirá reuniones de incidencia en Alemania, Francia, España e Inglaterra.
• El incumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana al continuar las investigaciones en el fuero militar, tema central.
• Tlachinollan comienza campaña para demandar al Presidente Felipe Calderón que los expedientes pasen del ámbito militar a la PGR.

Valentina Rosendo Cantú comienza hoy una gira de 18 días por cuatro países europeos -Alemania, Francia, España y Reino Unido, en coordinación con Amnistía Internacional, Brigadas de Paz Internacional [PBI] y Tlachinollan- dónde presentará ante la comunidad internacional el estado que guarda el cumplimiento de la sentencia notificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el mes de octubre del 2010.

Cabe recordar que los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas me’phaa violadas y torturadas por miembros de las fuerzas armadas, en distintas circunstancias, en el año 2002, en el estado de Guerrero, fueron resueltos por la CoIDH, la cual emitió dos sentencias condenatorias al Estado mexicano.

Ambas sentencias tocan puntos centrales respecto de la actual situación de los derechos humanos en México, relacionados con la falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia; la falta de acceso a servicio de salud para las mujeres indígenas, la violencia y discriminación que enfrentan las mujeres indígenas frente al sistema de administración y procuración de justicia, el incremento de los riesgos que se ciernen sobre las  organizaciones y víctimas al denunciar violaciones de derechos humanos, así como los abusos ocasionados por la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

Asimismo, uno de los elementos centrales de ambas sentencias es la orden al Estado mexicano de llevar a cabo una investigación que debe ser efectuada por la jurisdicción penal ordinaria (es decir, civil), con la debida perspectiva de género y de diversidad cultural, así como con todas las condiciones de seguridad que posibiliten una amplia participación de las víctimas. A pesar de lo anterior, a la fecha, ambas investigaciones continúan en el fuero militar, en abierto desacato a lo establecido por la propia Corte, según la cual la Jurisdicción Militar no es competente para conocer casos de violaciones de derecho humanos cometidas por miembros del Ejército.

Por lo anterior, Valentina Rosendo Cantú solicitará que la comunidad internacional demande al Presidente Felipe Calderón Hinojosa que las investigaciones que continúan en la Procuraduría de Justicia Militar sean remitidas al fuero civil y queden a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) de conformidad con lo ordenado por la CoIDH.

En este mismo contexto, a partir de su propia experiencia Valentina Rosendo Cantú presentará información sobre la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México, apuntalando con ello la necesidad de que el Estado mexicano implemente un mecanismo integral de protección, que contemple la prevención, protección e investigación para los casos de agresiones y amenazas que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el país.

Es importante reiterar que la presente gira también responde al interés que la comunidad internacional ha manifestado como consecuencia de la persistente denuncia que han llevado a cabo Inés y Valentina en torno a que la jurisdicción militar no es, no debe y no puede ser la instancia competente para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército. Un asunto de gran transcendencia para la agenda de derechos humanos en nuestro país, que el Estado Mexicano se ha negado atender.

Por ello, a partir de la gira también se iniciará una campaña junto con organizaciones nacionales e internacionales dirigida al Presidente Felipe Calderón para demandar que ordene a la Procuraduría de Justicia Militar que los expedientes de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú sean remitidos a la Procuraduría General de la República, como parte de sus obligaciones y compromisos internacionales asumidos.

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México informó, ante instituciones de la Unión Europea y la ONU, sobre la crítica situación de los derechos humanos en el país.

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México alertó ante instituciones de la Unión Europea, de Naciones Unidas (ONU) y contrapartes mexicanas sobre la crítica situación de los derechos humanos en México.

Los colectivos exigieron una “profunda” reforma a la justicia militar mexicana.

Con motivo de su gira por la Unión Europea, a invitación de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, el director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Luis Arriaga, tuvo diversas reuniones para dar a conocer la “crítica situación” de derechos humanos en México.

El 1 de febrero estuvo ante instancias de la Unión Europea -Comisión Europea y eurodiputados.

El 2 y 3 de febrero se reunió en Ginebra ante relatores especiales de la ONU, donde, según informó el director del Centro Prodh, hizo hincapié en la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Al respecto, el activista mexicano detalló a las autoridades europeas que “el Estado mexicano fue condenado a reparar el daño a los dos campesinos ecologistas, así como a perseguir a los culpables de los delitos en su contra  y a llevar a cabo una profunda reforma de la justicia militar”.

En un comunicado, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México recordó que el presidente Felipe Calderón anunció el 18 de octubre de 2010 una reforma “según la cual los casos de tortura, violación y desaparición de personas no deberían ser más juzgadas por la justicia militar”.

Sin embargo, dijo el colectivo, éstas son sólo cerca de un 5% de las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército.

“La reforma excluye graves violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales”, agregó.

La sentencia de la Corte del 26 de noviembre confirma, dijo la organización alemana, que todas las violaciones de derechos humanos deben ser sustraídas del ámbito de la justicia militar y que los casos en que estén involucrados militares deberán ser tratados en juzgados civiles.

De lo contrario, se ratificaría, agregó, que las reformas anunciadas por el presidente Calderón no cumplen con los requisitos exigidos en las sentencias de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, del 30 y  31 de agosto de 2010.

A dos años de que México fuera evaluado en el “Examen Periódico Universal” sobre la situación de los DDHH ante el Consejo de DDHH de la ONU, Luis Arriaga señaló ante los relatores especiales que gran parte de las recomendaciones aceptadas por el Estado mexicano no han sido llevadas a la práctica.

Entre ellas se encuentra, dijo, la de adecuar la legislación en materia de jurisprudencia militar a los estándares internacionales vigentes.

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México informó que apoya “vehementemente” la exigencia de las organizaciones mexicanas de derechos humanos de una reforma profunda de la justicia militar en México.

Informó que el día de hoy, plantearían estas exigencias junto con Luis Arriaga ante integrantes del parlamento alemán y ante el ministerio de relaciones exteriores.

Al tiempo que informó sobre la realización de los preparativos para un evento sobre los derechos humanos en México, que tendrá lugar el día 29 de Marzo en el parlamento europeo.

Esta actividad abordará, entre otros aspectos,”las crecientes amenazas contra los y las defensores y defensoras de DDHH en México”, dijo el colectivo germano.

sma/eca

México, DF, 26 ene 11 (CIMAC).- La Secretaría de Gobernación (Segob) evade el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre los casos de las indígenas Inés y Valentina, violadas sexualmente por soldados del Ejército mexicano, toda vez que insistió en que las investigaciones deben conducirse en el fuero militar y no en el civil.

En entrevista exclusiva con Cimacnoticias, Omeheira López Reyna, titular de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Segob, informó que esta dependencia pidió a la CoIDH una interpretación de ambas sentencias, ya que la Corte ordenó al Estado mexicano trasladar las investigaciones de ambos casos —que se encuentran en la jurisdicción militar— al ámbito civil.

Las sentencias publicadas en octubre de 2010 se refieren a la responsabilidad del Estado mexicano en la violación y tortura sexual cometidas por militares en perjuicio de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

La CoIDH condenó al Estado mexicano a “conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación (de los casos de Inés y Valentina) y en su caso, el proceso penal”, y a “adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales”.

López Reyna expuso que por lo anterior, el Estado mexicano, a través de la Segob, solicitó a la CoIDH el 29 de diciembre de 2010, una interpretación “porque la Procuraduría (PGR) quiso dejar claras algunas determinaciones de la Corte que fueron muy generales”.

Precisó que la “aclaración” que solicitaron es un recurso establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y al cual pueden recurrir las víctimas, peticionarios ante la Corte y el Estado mexicano cuando requieran la interpretación de alguna de las resoluciones que mandata la CoIDH.

“México hizo la solicitud de decir ‘aclárame en qué sentido me estás sentenciando, en el término de las investigaciones o en el término del procedimiento judicial’”, recalcó la funcionaria.

Reconoció que esta petición ante la Corte retrasó la implementación de las mesas de trabajo sobre el cumplimiento de ambas sentencias, sin embargo señaló que ya están buscando a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y del estado de Guerrero, así como de las secretarías de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, entre otras, para comenzar a ver la agenda de trabajo.

Por separado, Agustín Martín, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) —organización que litigó estos casos ante el sistema interamericano—, dijo en entrevista desde Costa Rica, que en el fondo lo que cuestiona el Estado mexicano es la sentencia que lo condena y que reconoce la existencia de la violación sexual cometida por militares en contra de las dos mujeres indígenas.

El abogado recordó que las sentencias no se pueden apelar y que ésta no es la primera vez que el Estado mexicano cuestiona los mandatos de la CoIDH.

Relató que durante el proceso ante el sistema interamericano los representantes del Estado argumentaron que (a más de ocho años de los hechos) la investigación de ambos casos estaba en curso en el sistema de justicia militar. “El Estado trató de ampararse en su propia negligencia”, puntualizó.

Sobre el cumplimiento de las sentencias, Agustín Martín señaló que depende de la interpretación del Derecho mexicano remitir las investigaciones de ambos casos a la PGR o a la Procuraduría estatal, no obstante —aclaró— sí es su obligación garantizar que los responsables de las violaciones sean juzgados en el ámbito civil.

También explicó que antes del 11 de febrero la defensa legal de Inés y Valentina tendrá que enviar a la CoIDH sus observaciones sobre la interpretación que solicitó el Estado mexicano y, en su caso, pedir que se desestime.

El abogado puntualizó que la sentencia debe cumplirse de forma inmediata, y apuntó que no hay fecha prevista para que la Corte Interamericana presente su sentencia de interpretación.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Chetumal, Quintana Roo, 28 de enero de 2011 CGCP/020/11

FUNDAMENTAL CUMPLIR

CON TRATADOS INTERNACIONALES

La protección integral a los derechos humanos requiere de mayor compromiso por cumplir las responsabilidades adquiridas en diversos tratados y convenciones internacionales, dijo Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Reconoció que 2010 fue un año difícil para México en materia de derechos humanos en el ámbito internacional, ya que la Corte Interamericana emitió tres sentencias en contra del Estado.

Son los casos Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Teodoro Cabrera García, que se suman a las dos sentencias de 2009: “Campo algodonero” y Rosendo Radilla Pacheco, pendientes de cumplirse, agregó.

Al asistir al informe anual de labores del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, Enrique Norberto Mora Castillo, Plascencia Villanueva sostuvo que el país requiere de un efectivo Estado de Derecho y del compromiso de la sociedad y servidores públicos para respetar las garantías fundamentales.

Mencionó que este año presenta importantes retos por alcanzar y que la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos fortalecerá el trabajo de los organismos públicos encargados de su defensa y protección.

Hizo un llamado para reforzar el compromiso con los grupos vulnerables de la sociedad como las víctimas del delito, los migrantes y comunidades indígenas, quienes enfrentan graves problemas debido a la situación de inseguridad que se vive.

Estas personas, dijo, padecen en la mayoría de los casos el embate directo por parte de la delincuencia y una débil protección de las instituciones públicas, así como el abuso del poder.

Debemos sumar esfuerzos para impulsar las políticas públicas y las acciones gubernamentales en materia de salud, educación, empleo y todo un conjunto de servicios públicos que les permitan aumentar su nivel de bienestar, indicó.

Ante el gobernador de la entidad, Félix González Canto, representantes de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y presidentes de comisiones estatales de derechos humanos, Plascencia Villanueva señaló que para reforzar aún más el carácter democrático de la sociedad es necesario promover la cultura de la legalidad tanto en el ámbito público como en el privado.

Invitó a los mexicanos a exigir el respeto a las garantías fundamentales por la vía del derecho, pero con el cumplimiento puntual de nuestros deberes.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, consideró que la protección integral a los derechos humanos requiere de mayor compromiso por cumplir las responsabilidades adquiridas en diversos tratados y convenciones internacionales.

En un comunicado el ombudsman reconoció que en el ámbito internacional 2010 fue un año difícil para México en materia de derechos humanos, pues la Corte Interamericana emitió tres sentencias contra el Estado con los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Teodoro Cabrera García.

Recordó que esos casos se suman a las sentencias de 2009 del “Campo algodonero” y Rosendo Radilla Pacheco, pendientes de cumplirse.

Plascencia Villanueva sostuvo que el país requiere de un efectivo Estado de derecho, y del compromiso de la sociedad y servidores públicos para respetar las garantías fundamentales.

Por otro lado señaló que la reforma constitucional en materia de derechos humanos es un reto importante para este año, en virtud de que con ella se fortalecerá el trabajo de los organismos públicos encargados de su defensa y protección.

Asimismo llamó a reforzar el compromiso con los grupos vulnerables como las víctimas del delito, los migrantes y comunidades indígenas, quienes padecen el embate directo de la delincuencia y una débil protección de las instituciones públicas.

En ese sentido, indicó que para aumentar el nivel de bienestar de estas personas se deben sumar esfuerzos para impulsar las políticas públicas y las acciones gubernamentales en materia de salud, educación y empleo.

Señaló que para reforzar el carácter democrático de la sociedad es necesario promover la cultura de la legalidad, tanto en el ámbito público como en el privado.

Asimismo exhortó a la población a exigir el respeto a las garantías fundamentales por la vía del derecho, pero con el cumplimiento puntual de los deberes.

El titular de la CNDH asistió al informe anual de labores del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, Enrique Norberto Mora Castillo.

Al acto también asistieron el gobernador del estado, Félix González Canto, representantes de los poderes Legislativo y Judicial de la entidad, así como presidentes de comisiones estatales de derechos humanos.

Este artículo es una reproducción del publicado en el periódico El Universal el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Mexico – Death threats against human rights defenders Mr Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez and Ms Obtilia Eugenio Manuel

On 28 November 2010, human rights defenders Mr Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez and Ms Obtilia Eugenio Manuel received death threats against them and family members, when a letter containing the threats was left at the defenders’ residence. Both human rights defenders work for the Organización del Pueblo Indígena Me’phaa – OPIM (Me’phaa Indigenous People’s Organisation).

On 28 November 2010, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez and Obtilia Eugenio Manuel found a death threat written on a sheet of paper that had been pushed under the door of their home. The threat made specific reference to a case which the Inter-American Court of Human Rights heard in August 2010, in which elements of the Mexican military were found guilty of torturing and raping Inés Fernández Ortega and Valentina Rosendo Cantú, two indigenous women from Guerrero. The threat opened with the lines: “Hola Obtilia. Ahora ya sabemo donde vive por que tanto molesta de la asunto Inés y Valentina deje estar chingando en la asunto sentencia de las dos mujeres por que son de la organización mephaa” (Hello Obtilia. Now we know where you are living why are you messing about with the case of Inés and Valentina stop fucking around with the issue of the sentence of the two women because they are from the mephaa organisation). It continued: “calmate con tu gente de la organización porque sino te va carga la chingada principalmente para ti obti si no dejan estai vamo por tu familia” (calm down, you and the people of your organisation, because if you don’t we will fuck you mainly for you Obti if you don’t stop this we will go for your family), as well as: “calmate Cuahutemoc porque se van carga la chingada” (calm down Cuahutemoc or they will kill you). As a result of previous threats received by the human rights defenders they had moved home and their whereabouts were believed to be unknown.

On 29 November, at approximately 2:00pm, a black Cherokee Jeep was seen driving around the neighbourhood in a manner which aroused suspicion. The Jeep was driven by a man in his early to mid thirties. There were also two other passengers inside. Later the same day, at approximately 9:00pm, a white pick-up truck parked very close to the defenders’ home and remained there for approximately 15 minutes. There were three men inside, aged between 30-35. One hour later, at approximately 10:00pm, two suspicious vehicles were reported to have been seen in the immediate vicinity of the defenders’ home.

On 1 December 2010, a report (A.V. 2049/2010/IZMAT) detailing the death threat was filed with the Izúcar de Matamoros agency, headed by Public Prosecutor Luis Pérez Rojas, in Izúcar de Matamoros City, Puebla.

On 1 October 2010, the Inter-American Court of Human Rights issued a ruling which recognised that gross human rights violations were committed against both Inés Fernández Ortega and Valentina Rosendo Cantú, and their families, including impunity for those who carried out the attack, as well as harassment of those who worked to support the women in their pursuit of justice. The Inter-American Court found that the State had failed to adequately investigate the allegations of torture and sexual assault, and demanded that the State re-open the criminal investigation, and curb the use of military tribunals as a means of investigating human rights violations. OPIM has called on the Mexican government on numerous occasions to abide by the court ruling and re-open a criminal investigation as outlined by the court.

In the past OPIM has received threats against staff members as a result of their work in the defence of human rights. In 2009 the Inter-American Court of Human Rights ordered the Mexican State to adopt provisional measures concerning 107 human rights defenders in Guerrero state. Such measures however have failed to bring about change and there are still grave risks involved for human rights defenders working in Guerrero. Front Line has previously issued appeals detailing an on-going campaign of intimidation, harassment, threats, and assassinations against human rights defenders in Guerrero.

Front Line is gravely concerned for the physical and psychological integrity of Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez and Obtilia Eugenio Manuel, as well as members of their families, and believes that they have been targeted solely as a result of their work in the defence of human rights.

Front Line urges the Mexican authorities to:

1. Carry out an immediate, impartial and thorough investigation into the death threats against human rights defenders Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez and Obtilia Eugenio Manuel, with a view to publishing the results and bringing those responsible to justice in accordance with international standards;
2. Guarantee at all times the physical and psychological integrity of aforementioned human rights defenders as well as all human rights defenders working in Guerrero, particularly by ensuring that adequate and effective security measures are provided to protect human rights defenders at risk and members of their families;
3. Ensure that all human rights defenders in Guerrero, carrying out their legitimate work in the defence of human rights, are able to operate free of restrictions and reprisals.

México – Los defensores de derechos humanos Sr. Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Sra. Obtilia Eugenio Manuel, amenazados de muerte

El 28 de noviembre de 2010, el Sr. Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y la Sra. Obtilia Eugenio Manuel, defensores de los derechos humanos, recibieron en su residencia una carta con amenazas de muerte dirigidas a ellos y a miembros de su familia. Ambos defensores de los derechos humanos trabajan con laOrganización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

El 28 de noviembre de 2010, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Obtilia Eugenio Manuel, encontraron una amenaza de muerte escrita en una hoja de papel que había sido deslizada bajo la puerta de entrada de su casa. La amenaza hacía referencia a un caso que fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2010, en el que miembros del ejercito Mexicano fueron declarados culpables de haber torturado y violado a la Sra. Inés Fernández Ortega y a la Sra. Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas de Guerrero. La amenaza leía [sic]: “Hola Obtilia. Ahora ya sabemo donde vive por que tanto molesta de la asunto Inés y Valentina deje estar chingando en la asunto sentencia de las dos mujeres por que son de la organización mephaa”. A continuación se podía leer [sic]: “ calmate con tu gente de la organización porque sino te va carga la chingada principalmente para ti obti si no dejan estai vamo por tu familia” así como [sic] “ calmate Cuahutemoc porque se van carga la chingada”. Como consecuencia de amenazas recibidas anteriormente, ambos defensores de los derechos humanos habían cambiado de residencia y confiaban en que su paradero era desconocido.

El 29 de noviembre a las 14:00 horas aproximadamente, un Jeep Cherokee negro fue visto merodeando por el bario de manera sospechosa. El conductor era un hombre de unos treinta años y se podían distinguir otros dos pasajeros en el interior. El mismo día, aproximadamente a las 21:00 horas, un vehículo modelo pick-up blanco aparcó cerca de la residencia de los defensores y esperó allí durante aproximadamente 15 minutos. Había tres hombres en el interior del vehículo de entre 30 y 35 años de edad. Una hora más tarde, aproximadamente a las 22:00 horas, dos vehículos sospechosos fueron vistos en las inmediaciones de la casa de los defensores.

El 1 de diciembre de 2010, una denuncia (A.V. 2049/2010/IZMAT) detallando las amenazas de muerte fue registrada en la Agencia de Izúcar de Matamoros, a cargo del Agente del Ministerio Público Luis Pérez Rojas, en la ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla.

El 1 de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo reconociendo las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como contra sus familias, incluyendo la impunidad de la que se habían beneficiado los responsables del ataque sufrido por ambas mujeres, y el acoso padecido por quienes apoyaron a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en su búsqueda de justicia. La Corte Interamericana consideró que el Estado se había negado a investigar adecuadamente las alegaciones de tortura y asalto sexual, y ordenó que se reabriera una investigación criminal. Asimismo, la Corte solicitó al Estado que dejara de remitir investigaciones sobre violaciones de derechos humanos a tribunales militares. OPIM ha pedido al Gobierno mexicano en numerosas ocasiones que acate la decisión judicial y reabra una investigación criminal.

En el pasado, el personal de OPIM ha recibido amenazas como resultado de su trabajo de defensa de los derechos humanos. En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Mexicano adoptar medidas provisionales a favor de 107 defensores/as de derechos humanos en el estado de Guerrero.Sin embargo, estas medidas no han producido cambios sustanciales y todavía existen graves riesgos para las defensoras y defensores de los derechos humanos en Guerrero.

Front Line manifiesta su grave preocupación por la integridad física y psicológica de Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Obtilia Eugenio Manuel, así como de los miembros de sus familias, y considera que han sido objecto de las mencionadas amenazas únicamente a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos.

Front Line insta a las autoridades mexicanas a que:

1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte recibidas por Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Obtilia Eugenio Manuel con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
2. Tomen todas las medidas necesarias, adecuadas y efectivas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Obtilia Eugenio Manuel, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero;
3. Garanticen que las defensoras y los defensores de derechos humanos en México puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin represalias y sin restricciones cualesquiera.

Organización del Pueblo Indígena Me´phaa en El Camalote

• Junto a ellos, han sido premiados los abogados iraníes defensores de los DDHH Mohammad Mostafaeí, Nasrin Sotoudeh y Javid Houtan, así como la periodista mexicana Rosa Isela Pérez.

Madrid.- La Organización de los Pueblo Indígenas Me’phaa, del Estado de Guerrero, en México, han sido galardonadas con el Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía 2010 en la categoría “Instituciones”. Invisibles y olvidadas. En muchos lugares del mundo las minorías indígenas permanecen arrinconadas, escondidas por las autoridades tras el umbral de la exclusión, asediadas como extrañas e insignificantes criaturas sociales al borde de la extinción. En el estado de Guerrero, en México, los Pueblos Indígenas Me’phaa, situados en la montaña, han padecido históricamente la extrema pobreza, el abandono, la discriminación y una constante violación a sus derechos humanos por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ante esta situación, un centenar de campesinos, mujeres y hombres, de las seis comunidades indígenas Me’phaa se unieron en la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa, OPIM, para luchar por su pueblo frente a la opresión.

Su esfuerzo y entrega incansables por reconstruir desde la base el poder económico, cultural y político de las comunidades indígenas y denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población indígena de la región han sido determinante para que el Jurado les haya concedido este premio. La entrega del premio tendrá lugar en el Casino de Madrid el día 10 de diciembre.

En continua amenaza

Desde que se fundó la organización en 1994, los miembros de la OPIM han sido amenazados y hostigados por denunciar las violaciones a los derechos humanos y el desvío de recursos públicos en el municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero. Entre los casos más importantes que han denunciado se encuentra el de la violación cometida en contra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares en el año 2002. Dichos casos se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), tribunal que emitió sentencia condenando al Estado de México por el caso.

Además, la Fundación del CGAE presentará un día antes de la entrega del Premio Derechos Humanos 2010, el “Informe Guerrero”, que recoge la labor de verificación realizada por un equipo de abogados independientes y expertos en materia de derechos humanos, en las comunidades para certificar el acceso a la justicia y el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la CoIDH para los beneficiarios del caso “Fernández Ortega y otros”.

Abogados iraníes por la libertad

Los abogados iraníes Nasrin Sotoudeh, Javid Houtan Kian y Mohammad Mostafaeí han sido galardonados con el Premio Derechos Humanos del CGAE 2010 en la categoría de “Personas”. A pesar de su juventud, Nasrin Sotoudeh ha sido pionera en la defensa de menores de edad condenados a muerte, mujeres y minorías religiosas, los colectivos más vulnerables, desde el punto de vista judicial, en la república de Irán. Actualmente se encuentra encarcelada en la prisión de Evín, donde según distintas informaciones estaría siendo torturada, y mantiene, desde hace varias semanas, una huelga de hambre que ya ha puesto su vida en serio peligro. Recibe el premio junto a Javid Houtan Kian, también encarcelado, actual abogado de Sakineh M. Ashtianí, la ciudadana iraní condenada a morir lapidada por adulterio y que posteriormente ha sido condenada a la horca, y de Mohammad Mostafaeí, anterior defensor de Sakineh, que se vio obligado a exiliarse en Noruega tras las presiones y amenazas recibidas por defenderla.

En estos tres abogados defensores de los derechos humanos en Irán, el Jurado de los Premios Derechos Humanos de la Abogacía ha querido reconocer  “a todos los abogados iraníes que dentro de su país, en extremas condiciones de dificultad, o fuera de él, están denunciando y defendiendo los derechos fundamentales de personas como Sakineh M. Ashtianí y otras mujeres, o los de presos políticos, muchos de ellos menores de edad condenados a muerte, poniendo en riesgo su profesión, su libertad y su vida o viéndose obligados a exiliarse de Irán.”

Rosa Isela Pérez: una periodista contra la impunidad de Ciudad Juárez

En la categoría “Medios de Comunicación”, la periodista Rosa Isela Pérez, ha sido galardonada con el Premio Derechos Humanos CGAE por su labor periodística para intentar esclarecer los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez (México).  Rosa Isela Pérez Torres cubrió los crímenes cometidos contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua para el periódico local El Norte. Desde que comenzó sus investigaciones de crímenes contra mujeres, informó sobre las múltiples irregularidades en las investigaciones de los mismos y denunció la impunidad y vínculos entre los crímenes, las autoridades, importantes empresarios y el crimen organizado. Sus textos, que incluían mayor información que la presentada por las autoridades, atrajeron la atención nacional e internacional sobre el caso. Como resultado de su trabajo ha sido víctima de constantes amenazas a su integridad física y ha visto amenazado su derecho a la vida y seguridad. En agosto de 2009, decidió dejarlo todo y viajar a España junto a su marido y sus tres hijos para solicitar asilo. Un año más tarde, con la ayuda de abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha conseguido el asilo. Hoy Rosa Isela Pérez y su familia comienzan una nueva vida en España.

http://amnistia.org.mx/contenido/2010/12/02/mexico-amnistia-internacional-urge-al-gobierno-mexicano-a-proteger-efectivamente-a-defensores-de-derechos-humanos/

y la reproducimos en inglés a continuación….

Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please check with your section office if sending appeals after the above date. This is the first update of UA 63/10. Further information: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/021/2010/en

URGENT ACTION

new threats against indigenous activists

Additional Information

Defending human rights can be a life-threatening job in Mexico. Scores of activists have suffered death threats, intimidation, and harassment in the last few years. Some of them have been killed for doing their job. The authorities have recognized that adopting and implementing an effective and comprehensive protection programme (mecanismo de protección), as requested by human rights defenders, is paramount. However, they are yet to fulfil their promise.

As founder and director of OPIM, Obtilia Eugenio Manuel has been the target of numerous threats, acts of intimidation and surveillance. One of the most recent threats was a written message delivered to the OPIM office on 6 March 2010 and, later that day, a man was seen overtly watching the OPIM office and taking pictures with on his mobile phone. On 17 March 2009 Obtilia Eugenio Manuel received three death threats by text message to her mobile phone. One of the messages also warned her that no human rights organization could protect her. In January 2009 Obtilia Eugenio Manuel was followed several times. She recognized one of the men following her as a supporter of a local political boss (cacique).

On 9 April 2009 the Inter-American Court of Human Rights ordered the Mexican state to provide Obtilia Eugenio Manuel, her family and others with effective protection measures and to investigate the attacks. To date, only some of the agreed measures have been put in place and those behind the attacks remain at large.

OPIM activist Raúl Hernández spent more than two years in prison on fabricated charges. Amnesty International named him prisoner of conscience and he was eventually released on 30 August 2010. Four other activists had also been imprisoned with him for 11 months.

On 30 and 31 August 2010 the Inter-American Court of Human Rights ordered the Mexican state to address the human rights violations suffered by Me’phaa Indigenous women Inés Fernández Ortega and Valentina Rosendo Cantú. They were raped by soldiers in two separate incidents in early 2002. The state must now fulfil its international obligation to deliver truth, justice and reparation for the two women and to take steps to avoid the repetition of these abuses. This includes scrapping military jurisdiction for human rights violations committed by members of the military.

FU UA: 63/10 Index: AMR 41/086/2010 Issue Date: 02 December 2010

Para descargar: Obtilia Eugenio Manuel and Cuauhtémoc Ramírez, OPIM, 2 Dec 2010